El juez del caso Faisán pide información sobre los cortes del vídeo que grabó quién entraba en el bar

• Quiere esclarecer quien avisó a ETA de una operación contra su red de extorsión
• Rechaza archivar la causa y solicita más informes e interrogatorios
• Además, el magistrado ordena seis nuevas diligencias

Sigue la investigación del caso "Faisán"

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga el supuesto chivatazo policial a ETA en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), con el que se alertó a la banda sobre una operación contra su red de extorsión en 2006, ha ordenado seis nuevas diligencias con las que reactiva la causa.

El magistrado del caso Faisán quiere saber, entre otras cosas, por qué existen cortes en el vídeo en el que se grabó, quién entraba y salía del local y quiénes fueron las personas encargadas de la custodia de la cinta.

Así consta en un auto dictado este lunes por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que el magistrado no se pronuncia sobre la petición de archivo solicitada por la Fiscalía y transforma en sumario las diligencias previas que tenía abiertas contra los tres cargos policiales que están imputados, según informa TVE..

Se les investiga por supuestos delitos de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público (penado con hasta tres años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (castigada con hasta 10 años de prisión).

En la causa están imputados el ex director general de Policía y   dirigente del PSE en Álava, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de   Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava.

Por qué hay cortes en el vídeo

Ruz considera que la declaración prestada por Elosua, dueño del bar, y los agentes "no han sido lo suficientemente concluyentes en lo atinente al sistema de grabación que operaba sobre el bar Faisán". Por ello pide al equipo investigador que amplíe su informe sobre los hechos y que los concreten cronológica y geográficamente.

Reclama también a la Policía un informe sobre la existencia de cortes  en la cinta VHS "que cubran, en su caso, el período temporal en que se  fije la salida del bar del individuo que establece contacto con Joseba  Elosua".

Solicita al equipo policial que llevó a  cabo la investigación, dirigido por Carlos G., que le detalle por qué  existen cortes en el vídeo en el que se mostraban los movimientos  registrados en la puerta del bar 'Faisán' cuando se habría producido  el chivatazo.

En este sentido, solicita una "certificación de la  cadena de custodia" de esta cinta y que se identifique a "los  funcionarios o terceros" que se hicieron cargo de este material o  tuvieron acceso a él hasta su puesta a disposición del juzgado.

De igual modo,  reclama a la Guardia Civil que realice otro examen  pericial sobre este vídeo, al objeto de confirmar el anterior  análisis realizado por la policía, que detallaba que los cortes  podrían haberse producido "por agentes externos, accidentalmente o  por deterioro".

Entre otros datos, el juez quiere saber la hora exacta en la que sale  del bar Elosua, basándose en el tráfico y duración de sus llamadas, así  como que se determine si la puerta que se estaba grabando es la entrada  norte o sur del local, que se realice un croquis de la zona, una  infografía animada que sirva como pericial si va a juicio o un estudio  fisionómico de las personas que entraron o salieron del bar.

Asimismo, reclama a los policías que realizaron el primer informe  que  analicen si en los cinco días anteriores al chivatazo y en los  cinco  posteriores se produjeron también cortes en la grabación.

El juez pregunta a los expertos del instituto armado si hay alguna  "técnica audiovisual por la que pueda llevarse a cabo la recuperación  de las imágenes borradas" y si los cortes son "simultáneos a la  grabación original" o se produjeron "con posterioridad".

Indicios de colaboración con ETA

Para el juez, el hecho de incoar sumario no significa que existan los delitos mencionados, sino que hay que analizar los indicios existentes de esa posible colaboración terrorista y revelación de secretos porque los delitos que se investigan tienen penas superiores a los 9 años de cárcel, según señala TVE, por lo que procesalmente no se pueden descartar.

Ruz ha adoptado esta decisión después de que el fiscal informara la semana pasada de que no es necesario realizar ninguna diligencia nueva después de analizar los 645 folios remitidos por Francia sobre este asunto, nueve de los cuales han sido declarados secretos y que están siendo estudiados aparte por el fiscal.

El magistrado cita para el próximo 8 de febrero a los que fueran inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián y jefa de la Sección de Análisis de esa misma Brigada en el momento de los hechos, el 4 de mayo de 2006, ya que quiere que aclaren ciertos extremos contradictorios en sus manifestaciones anteriores en sede judicial.

También cita como testigo al periodista de La Razón Jesús María Zuloaga ya que mantuvo una conversación telefónica con uno de los tres imputados en la causa, el Jefe Superior de Policía del País Vasco.

Información sobre las llamadas

Sobre las llamadas telefónicas, el magistrado también quiere que la Policía le explique cómo se hace el estudio de las llamadas, si existe otra posibilidad como las llamadas de tipo prepago o que determinen cómo se trabaja con las cintas.

Se dirige también a los técnicos de Telefónica que realizaron la pericia sobre el tráfico de llamadas relativos al supuesto "chivatazo" para que amplíen su informe por si no han tenido en cuenta los repetidores situados en Francia, ya que el bar está situado al lado de la frontera.

Además, Ruz da un plazo de 10 días a dos de los imputados para que le identifiquen al supuesto confidente con el que, según ellos, iban a mantener una reunión en Francia y por eso existía tráfico de llamadas entre ellos, con el objeto de tomarle declaración con todo tipo de garantías.