La Justicia chilena investigará por primera vez la muerte del expresidente Allende

• Falleció en el Palacio de la Moneda durante el golpe de Estado de 1973
• Se trata de averigüar si se suicidó o recibió un disparo de fuera del palacio

La Justicia chilena va a investigar por primera vez las circunstancias de la muerte del expresidente Salvador Allende fallecido durante el golpe de Estado del general Augusto Pinochet, que derrocó su Gobierno el 11 de septiembre de 1973, según ha anunciado el poder judicial.

La clave de la investigación está en dilucidar si se suicidó, como señala el informe oficial, o si murió a raíz de un disparo proveniente desde fuera del Palacio de La Moneda durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, tal y como señala la tesis posterior de los forenses.

El caso del ex mandatario de la Unidad Popular (UP) se encuentra entre las 726 querellas por violaciones a los derechos humanos hasta ahora desconocidas por la Justicia que han sido presentadas por la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, Beatriz Pedrals.

La fiscal ha presentado las querellas ante el juez especial Mario Carroza, en su calidad de representante del Ministerio Público Judicial, quien ahora deberá indagar las circunstancias de la muerte de Allende.

Violaciones no investigadas

Las causas presentadas corresponden a casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) respecto de las cuales no se habían abierto hasta ahora acciones judiciales.

Los libelos se fundamentan en que los procesos por este tipo de víctimas deben tener un horizonte de término en la investigación de todos los casos y que no es posible que se perpetúen en el tiempo.

Las querellas se presentan después que el año pasado el magistrado de la Corte Suprema de Chile Sergio Muñoz, en su calidad de coordinador para casos de derechos humanos, detectó que existían casos de víctimas de violaciones de derechos humanos en los que no existían acciones interpuestas por sus representantes.

Ante ello se elaboró un catastro para verificar el número total de personas que figuraban en esta situación y se encomendó a la fiscal Pedrals la redacción de las querellas respectivas.

Según datos oficiales, durante la dictadura de Augusto Pinochet murieron unas 2.300 personas a manos de agentes del Estado, de las cuales unas 1.192 tienen aún la condición de detenidos desaparecidos.