El juez del caso Faisán pide identificar a los usuarios de tres teléfonos de Interior

• Señala que es "preciso aclarar" la "real significancia" de las llamadas
• Habría que investigar a dos móviles y un fijo de la Subsecretaría de Interior
• Llama a declarar al comisario de San Sebastián cuando ocurrió el chivatazo

Fachada del bar Faisán, donde supuestamente se alertó a ETA de una operación policial contra su red de extorsión.

El juez Pablo Ruz ha pedido identificar a los usuarios de tres teléfonos de la Subsecretaría del Ministerio del Interior desde los que se hicieron llamadas a los tres imputados en la causa en la que se investiga el "chivatazo" con el que se alertó a ETA de una operación policial contra su red de extorsión en 2006, conocido como caso Faisán.

Concretamente, el magistrado solicita que se identifique a los usuarios que desde la noche anterior a la delación (que se habría producido el 4 de mayo de 2006) hasta septiembre de ese año intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, imputados en la causa.

Una vez estén identificadas las personas que utilizaron esos teléfonos, Ruz anuncia que  dictará "el pronunciamiento oportuno respecto de la solicitud" de que  declaren como testigos.

El magistrado considera "preciso aclarar la real significancia  de estas llamadas" y accede así a la petición que le hizo la asociación Dignidad y Justicia, que solicitaba la  identificación de las personas que utilizaron tres  números  "titularizados" por esta Subsecretaría durante "el periodo al  menos  comprendido entre el 1 de mayo y el 16 de septiembre de 2006"

En un auto hecho público este martes, el juez pide al equipo  conjunto de investigación, dirigido por Carlos G., un "informe  ampliatorio" sobre el tráfico de llamadas que se produjo en torno al  bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) y les pide que pongan en relación las  llamadas realizadas con estos teléfonos con sus anteriores conclusiones  y "precisen los motivos por los que fue descartada su inclusión en los  anteriores informes de análisis como teléfonos de relevancia para la  determinación de la autoría de los hechos investigados".

Según defendía Dignidad y Justicia el tráfico de llamadas, que no fue reflejado en  el informe, pone de relieve que García Hidalgo estuvo en contacto con  un número fijo y otro móvil de la Subsecretaría del Ministerio del  Interior, mientras que el jefe superior de Policía del País Vasco  contactó con otro teléfono celular de este departamento. Todos ellos,  según la asociación, eran números "de seguridad".

Citados como testigos

Asimismo, ha acordado citar el  próximo 8 de febrero como testigo para tomarle declaración a Fernando Amo,  comisario provincial de San  Sebastián cuando ocurrieron los hechos,  tal y como  pidió la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

Ruz también ordena la citación judicial en calidad de testigo del comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), que elaboró un informe en el que defendía que durante el día anterior al chivatazo, Carlos G. "fue reticente en diversos momentos a la realización" de las detenciones "argumentando que era una operación que conllevaba  riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la  presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre".

Además de estas citaciones, Ruz da un plazo de cinco días a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para que le informen sobre si en su momento se confeccionó expediente o informe alguno relativo a la actuación llevada a cabo por los agentes que participaron en la operación antiterrorista conjunta con Francia y que fue desbaratada por el "chivatazo".

Acuerda también requerir al director adjunto operativo de la Policía para que le informe "si existió parte de orden de servicio o comunicación similar" por la que se envió a Irún a uno de los tres imputados, un inspector de la Brigada de Información de Álava.

El fiscal dio el visto bueno a estas solicitudes de las acusaciones populares, pese a que anteriormente había pedido el archivo de la causa y además reclamó por su parte una prueba pericial telefónica sobre los repetidores situados en Francia, ya que el bar Faisán de Irún, donde se produjo el "chivatazo", está situado al lado de la frontera.

Nuevas diligencias del caso

A finales de enero, este magistrado reactivó la causa al ordenar nuevas diligencias. Entre ellas, pedía saber por qué exiten cortes en el vídeo que grababa a quienes entraban y salían del local, y quienes fueron las personas encargadas de custodiar esa cinta.

El juez Ruz decidió transformar en sumario las diligencias previas que tenía abiertas contra los tres cargos policiales que están imputados, aunque el hecho de incoar sumario no significa que existan los delitos mencionados, sino que hay que analizar los indicios existentes porque  los  delitos que se investigan tienen penas superiores a los 9 años de   cárcel, por lo que procesalmente no se pueden   descartar.

Los supuestos delitos que se investigan son revelación de secretos por parte de autoridad o  funcionario público (penado con hasta tres años de cárcel) y  colaboración con organización terrorista (castigada con hasta 10 años de  prisión).