El funcionario que destapó el caso Malaya testifica que Marbella daba licencias de forma "arbitraria"

• Jorge González ratifica ante el juez sus anteriores declaraciones de 2005 y 2007
• El caso Malaya suma 95 imputados por corrupción en el Ayuntamiento marbellí

El jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo de Marbella, Jorge González, que destapó el caso Malaya.

El funcionario que destapó el caso Malaya, Jorge González, ha dicho este lunes que en el Ayuntamiento de Marbella se concedían licencias de obra sin atenerse a las normas, en una "situación buscada de propósito de anomia" (ausencia de ley).

En su declaración como testigo ante el tribunal que juzga el caso Malaya, González ha manifestado que las licencias se concedían de la forma "lo más arbitrariamente posible", de manera que en una comisión de gobierno se concedían permisos ajustados al Plan General de 1986, y otros conformes a la revisión del planeamiento urbanístico.

A preguntas del fiscal Anticorrupción, el jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella ha señalado que no había un criterio para conceder licencias con una u otra normativa urbanística.

En otro momento de su declaración, interrogado por la defensa de un procesado si podía existir confusión jurídica entre los empresarios, el funcionario ha opinado que en Marbella "no habría seguridad jurídica, pero de cómo se obtenían las licencias, sin duda".

González, que se ha ratificado en sus declaraciones anteriores prestadas en octubre de 2005 y julio de 2007, ha manifestado que los convenios urbanísticos "nunca se tramitaron en el cauce normal" de su servicio.

Órdenes de comunicar todo a Roca, el cerebro de la trama

Ha explicado que él no informaba sobre las licencias porque se había hecho un traspaso de funciones a personal externo, y que existían órdenes de que todo lo relacionado con los precintos de paralizaciones de obras se le comunicara al gerente de la empresa municipal de Planeamientos, Juan Antonio Roca, que es considerado el presunto cerebro de la trama de corrupción.

Sobre los precintos ha apuntado que, aunque parezca "pintoresco", normalmente no había dificultad en detener la construcción de una vivienda unifamiliar en la que el promotor se había excedido, pero si las obras eran de "gran entidad", los precintos eran "prácticamente imposibles" de llevar a cabo.

En su testimonio, que ha durado poco más de una hora, González ha precisado que lo que él comunica a un juzgado -y origina la investigación de este procedimiento judicial- es que había un ayuntamiento que "desapodera a los funcionarios y hace un ayuntamiento con personas externas", lo que no es "ningún ilícito penal".

Ha añadido que él no tiene "ninguna prueba concluyente" de que eso fuese para cometer delito, pero "la convicción moral, desde luego", al tiempo que ha manifestado que ningún funcionario del Consistorio le dijo que hubiera presenciado un delito de corrupción, pero sí existía una "idea general" sobre determinados comportamientos corruptos.

González ha declarado en relación a la operación urbanística Crucero Banús, incluida en el bloque de blanqueo de capitales, el primero de los que se ha dividido esta causa, que cuenta con 95 procesados.

El caso Malaya, cuya investigación judicial arrancó a finales de 2005, tuvo como consecuencia la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril de 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007