Hacienda pone en marcha un plan contra la economía sumergida

• El plan contempla visitas a locales y la vigilancia de signos externos de riqueza
• Controlará a los que cobran el desempleo y perciben rentas sin declarar
• Pymes y autónomos pagan cada año 800 millones de euros del IVA por facturas sin cobrar

El Gobierno luchará contra el fraude fiscal y la economía sumergida

La Agencia Tributara pondrá en marcha este año un plan para luchar  contra la economía sumergida, que va a reforzar el control sobre las  personas que perciben rentas sin declarar y que, al mismo tiempo,  cobran el paro u otras prestaciones de la Seguridad Social, según el  Plan de Control Tributario 2011 publicado en el Boletín Oficial del  Estado, BOE.

El plan contempla también incrementar las actuaciones de carácter  presencial, con visitas a locales y negocios para detectar economía  sumergida y que se hará conjuntamente con la Inspección de Trabajo y  de Seguridad Social y con la Tesorería General. Así, inspectores de  Hacienda se personarán en locales situados en determinadas áreas  geográficas o en los que se desarrollan actividades propias de  determinados sectores económicos.

Hacienda también explotará y analizará la información sobre  actividades económicas que se intercambia con la Seguridad Social, y  hará uso de la nueva declaración informativa sobre terminales de  tarjetas de crédito y sobre consumo de energía eléctrica para  detectar negocios sin declarar. Además, tratará de identificar a  trabajadores "falsamente autónomos".

Dentro del plan para luchar contra la economía sumergida, también  se contempla el control sobre las actividades derivadas de la  importación de bienes procedentes fundamentalmente de Asia y otros  terceros países, así como la investigación de canales de  comercialización de los bienes importados, incluyendo actuaciones de  carácter presencial.

Signos externos de riqueza

El Plan de Control Tributario 2011 contempla, asimismo, otras  actuaciones, como el control de actividades profesionales a través de  los signos externos de riqueza que permitan el descubrimiento de  ingresos no declarados y de las facturas falsas de IVA. También se  prestará especial atención al uso de billetes de alta denominación  (importes especialmente elevados), así como a la detección de falsas  empresas subcontratistas.

El seguimiento de condenados o denunciados por delito fiscal, al  objeto de adoptar las medidas procedentes, o el control de  contribuyentes que declaran en módulos son otras de las prioridades  de la lucha contra el fraude para este año. En este último caso,  Hacienda prevé también realizar visitas a declarantes en módulos para  obtener indicios de prácticas fraudulentas, como dividir  artificialmente su actividad entre varios sujetos con el fin de  eludir la exclusión de este régimen.

La lucha contra la deslocalización y la planificación fiscal  abusiva será otro de los objetivos prioritarios para 2011. De este  modo, Hacienda intensificará el control sobre centros de  planificación que comercializan productos dirigidos a la defraudación  fiscal, prácticas financieras que pueden propiciar la opacidad de  cuentas y actuaciones que persiguen la acreditación indebida de  gastos financieros, sobre todo intragrupo, para reducir o eliminar  bases imponibles a tributar en España.

Insolvencias ficticias

En cuanto al control del fraude en fase recaudatoria, se  intensificará la inspección de deudores con incumplimiento  sistemático de sus obligaciones fiscales, con el fin de embargarle  bienes, y se estrechará el cerco sobre insolvencias aparentes y  procesos concursales ficticios para eludir el pago de las deudas  tributarias. Además, los órganos de recaudación se personarán en los  expedientes de mayor complejidad recaudatoria.

Finalmente, el Plan de Control de 2011 dedica un apartado especial  a mejorar la colaboración y el intercambio de información entre la  Hacienda estatal y las comunidades autónomas. En concreto, se  culminará este año la puesta en marcha del 'censo único compartido' y  se realizarán actuaciones coordinadas en relación con operaciones  inmobiliarias significativas.

Carga "muy gravosa"

Las pymes y los trabajadores autónomos españoles cargan cada año con 800 millones de euros correspondientes al IVA de facturas que aún no han cobrado, según estimaciones del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA.

A juicio de Gestha, que se ha basado en datos del INE, esta carga impositiva es "muy gravosa" debido al aumento de la morosidad y los impagos derivados de la crisis, y se añade al hecho de que, en muchos casos, las facturas emitidas "no llegarán a cobrarse nunca".

Para solventar este problema, los técnicos de Hacienda demandan que el Gobierno adopte una Directiva de la UE aprobada en julio de 2010 relativa a esta cuestión.

La iniciativa europea permite que el IVA se declare con arreglo a un régimen de contabilidad de caja para que el proveedor pueda abonar el impuesto una vez reciba el pago y no antes.

Hasta ahora, según la legislación española, el impuesto es exigible en el momento en el que se entrega el bien o se provee el servicio y sólo existen dos alternativas en caso de morosidad: solicitar un aplazamiento, lo que conlleva un interés por demora del 5 % anual o pedir una rectificación, pasado un año del impago y previa superación de unos requisitos muy exigentes.

Por su parte, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, ATA, se ha sumado a la petición de los Técnicos de Hacienda y ha solicitado a todos los grupos parlamentarios que apoyen las enmiendas a la Ley de Economía Sostenible.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha recordado que los autónomos proveedores de las Administraciones públicas sufren en la actualidad un retraso medio en los pagos de más de cinco meses, mientras que los trabajadores por cuenta propia deben adelantar el 18 % del IVA, es decir, que "los autónomos están financiando a las Administraciones y no al contrario".