Las irregularidades en licitaciones públicas cuestan 3.000 millones anuales al erario público

• En el 10% de los contratos públicos hay defectos o restricciones a la competencia
• Los bienes y servicios se encarecen así en un 20%

Más de 3.000 millones de euros al año cuestan al erario público las licitaciones que restringen la competencia y los pactos entre empresas para repartirse esas adjudicaciones, ha informado este lunes el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Luis Berenguer.

Berenguer dio este dato en la presentación de la "Guía sobre contratación pública y competencia" que ha publicado el organismo que preside.

Según ha explicado, cada año las tres administraciones públicas (estatal, autonómica y local) licitan contratos por valor de 150.000 millones de euros. En el 10% de ellos hay defectos o restricciones a la competencia, lo que equivaldría a unos 15.000 millones de euros, ha precisado el presidente de la CNC.

Se "impone" perseguir esas conductas

Esto se traduce en que los precios de los bienes y los servicios contratados se encarecen un 20%, ha advertido Berenguer en referencia a diversas estimaciones realizadas en el ámbito internacional.

Al trasladar este dato a la contratación pública española, el resultado es un encarecimiento de precios de más de 3.000 millones de euros, ha reiterado Berenguer.

El máximo responsable de la Comisión Nacional de la Competencia ha señalado que, en un momento de crisis y de déficit como el actual, esa cifra "impone" que se persigan esas conductas, razón por la que han editado la guía, cuyo objetivo -ha continuado-es fomentar la competencia en los procesos de contratación pública.

El informe refleja que entre las licitaciones se dan casos en los que las instituciones favorecen a empresas ubicadas en su territorio, otros en los que se fijan condiciones desproporcionadas que hacen desistir a los concurrentes o en los que hay una inadecuada valoración de los requisitos solicitados.

Pactos entre empresas para fijar precios

Además, también se registran pactos entre empresas para fijar el precio o cualquier otra condición comercial (fenómeno denominado colusión) que, según Berenguer, es una de las acciones "graves" contra la competencia.

Al respecto, en la guía se explica que las administraciones pueden detectar la colusión si ven que en sus licitaciones se presentan siempre algunas empresas a pesar de que nunca resultan ganadoras, algo que para la CNC puede suponer que reciben algún tipo de compensación por parte de la que gana.

Otra forma de descubrir el pacto es que la ganadora suele ser siempre la que presenta la mejor oferta, algo que se obedece, según la Comisión Nacional de la Competencia, a que ha habido un reparto previo del mercado.

Asimismo, las concursantes parecen turnarse a lo largo del tiempo en la presentación de la oferta ganadora, tienen estimaciones de costes idénticos o poco realistas o contienen errores de cálculo o fallos ortográficos que se repiten en varias propuestas.

En la guía se indica que si las administraciones públicas detectan la existencia de colusión deben ponerlo en conocimiento de la CNC, deben considerar suspender la licitación y deben colaborar en la investigación posterior guardando toda la documentación y no discutiendo sus sospechas con los involucrados.

Como ejemplos en la guía se citan las sanciones a la Asociación de Ortopédicos de Castilla y León -por pactar en 1992 los mismos precios para el concurso del INSALUD de Burgos- y a siete laboratorios que, entre 1992 y 1995, ofertaron al mismo coste la adquisición de vacunas antigripales al Servicio Andaluz de Salud.