El caso Mercasevilla aumenta su volumen con nuevas dudas sobre prejubilaciones

• Por la presunta trama de prejubilaciones irregulares hay 11 detenidos
• El caso Mercasevilla ha derivado en cinco causas y una investigación interna
• Se incluyen también delitos urbanísticos y comisiones ilegales

Una presunta trama destinada a colocar falsos prejubilados en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Andalucía amplía las causas investigadas en el caso Mercasevilla, instruido por la jueza Mercedes Alaya, en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La Junta y el Ayuntamiento de la ciudad hispalense se ven afectados por la investigación.

Como de una caja de pandora, el caso Mercasevilla va desprendiendo presuntos delitos. Cobro de comisiones ilegales, delitos urbanísticos y, por último, una trama de prejubilaciones ficticias, en las que se mueven posibles irregularidades que han costado casi 650 millones de euros, según la Policía Judicial.

La Junta ha ido desvelando en los últimos días algunos expedientes de falsos prejubilados por ERE, en expedientes que fueron subvencionados por la propia Comunidad Autónoma. En este momento, hay cinco causas abiertas en el juzgado y una investigación interna de la Consejería de Economía, de la que estuvo al frente, entre 2004 y 2009, el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

Entre los detenidos e imputados dentro de las cincos causas hay algunos cargos socialistas, que tuvieron responsabilidades autonómicas y municipales.

Investigación incial

En el origen hay un intento de soborno. Dos de los que fueran directivos de la empresa mixta Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce pidieron supuestamente 450.000 euros a dos empresarios. A cambio esperaban obtener la concesión de una escuela de hostelería.

Los contactos fueron grabados por los hosteleros y las cintas se hicieron llegar a la Consejería de Empleo, que las remitió a la fiscalía. El pasado 24 de abril, el Partido Popular presentó una denuncia. Desde entonces lo investiga la jueza Mercedes Alaya, quien ha imputado al ex delegado de empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y la directiva de Mercasevilla Regla Pereira.

Por el camino, el ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet, dimitió y una auditoría del Ayuntamiento encontró un desajuste contable de más de un millón de euros. La Fundación Mercasevilla fue disuelta. Se habían descubierto también irregularidades de unos 30.000 euros en la gestión de los directivos que no se justificaba.

ERE de Mercasevilla

En 2003 y 2007, Mercasevilla vive un Expediente de Regulación de Empleo, que en parte es costeado por la Junta de Andalucía. Es el comité de empresa el que desvela la presencia de un beneficiario que nunca trabajó en la empresa municipal. La investigación destapó otros casos. Entre ellos, estaba un ex miembro de la directiva del PSOE en Baeza (Jaén), Antonio Garrido Santoyo.

La policía judicial tomó declaración a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social, y ex alcalde de El Pedroso entre 1995 y 1997, localidad de la que también fue alcalde uno de los presuntos beneficiarios irregularmente por el ERE. Según su testimonio, la comunidad autónoma había aportado casi 650 millones de euros para expedientes de regulación de empleo. El propio interrogado calificó como "fondo de reptiles", porque no había control.

La policía sostiene que Guerrero gestionó entre el año 2000 y 2008 este dinero "sin haberse tramitado procedimiento administrativo previo y sin competencia para ello". Según la investigación, la policía cree que todas las disposiciones o despidos colectivos "son, además de nulas de pleno derecho, constitutivas de infracción penal por su arbitrariedad y ser dictadas a sabiendas de que son injustas".

Desde la Junta se considera que los fondos manejados por la Dirección General de Empleo para ayudas a empresas en crisis están incluidos en los presupuestos. "Otra cosa es que pueda haber habido uso indebido de esos fondos", según Mar Moreno, consejera de la Presidencia.

"Hemos ido más allá de los requerimientos del propio juzgado y hemos aportado todos los elementos que nos parece que pueden haber sido irregulares", ha manifestado este miércoles el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. El que fuera consejero de Empleo entre 2004 y 2009, recordó que la Junta ha puesto los hechos en conocimiento de la fiscalía, ha pedido personarse en la causa, ha solicitado la comparecencia en el Parlamento del consejero de Empleo, Manuel Recio, y remitirá todos los expedientes a la Cámara de Cuentas.

Sobre la Intervención General de Hacienda que en 2005 ha mostrado su disconformidad con el procedimiento en un informe que no era vinculante, Griñán ha dicho que el "reparo" que hace la Intervención no es en la aplicación de los fondos -que es correcta- sino en el hecho de que el procedimiento debía mejorar, un cambio que se produjo en 2008 y 2010, según destacó el presidente andaluz.

¿Quién está detenido por los ERE?

La policía judicial ha interrogado a 11 detenidos, supuestos partícipes de la trama de dos prejubilaciones fraudulentas subvencionadas por la Junta, la de Mercasevilla y la de Río Grande. Fernando Mellet, acusado de estafa, ha sido el último en prestar declaración. Lo hizo el pasado martes y afirmó no tener relación con la trama.

Por el camino, han declarado un sindicalista de UGT de Jaén, un miembro de la ejecutiva socialista de Torredonjimeno y Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT y mediador en los ERE de Mercasevilla y Río Grande, acusado de falsedad documental, estafa y cohecho. También lo han hecho algunos de sus familiares.

Por el expediente del restaurante sevillano Río Grande han declarado su dueña; una supuesta beneficiaria, quien habría recibido 140.000 euros en una cuenta, gestionada por Francisco González, comercial de la aseguradora Vitalia, empresa a través de que la que abonaba la Junta. Además de éste, también han prestado declaración su socio Francisco Limón y Antonio Garrido, conocido por su anterior pertenencia al Psoe.

La investigación interna de la Junta

El caso Mercasevilla ha hecho que la Junta de Andalucía esté revisando los ERE en vigor con subvenciones de la Comunidad Autónoma. Son 45 en total y afectarían casi a 7.000 personas. El estudio de los expedientes ha revelado que 37 casos de prejubilados podrían ser fraudulentas y lo han denunciado ante la jueza que lleva el caso.

Figura entre los beneficiarios el Rafael Rosendo, ex alcalde socialista de El Pedroso, en Sevilla.

Las ayudas librabas por este método constituyen según la Policía  Judicial un "incumpliento flagrante" de la Ley General de Hacienda  Pública de la Junta, ya que ni siquiera están publicadas en el BOJA, boletín autonómico."Prueba evidente -dicen- es quen no consta en los expedientes ni una sola solicitud de ayuda por parte de la empresas beneficiarias".

El PP ha pedido este miércoles la dimisión de la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, y del titular de Empleo, Manuel Recio, por haber "mentido y ocultado" en los últimos tiempos las irregularidades detectadas en las ayudas de la Junta a los expedientes de regulación de empleo a empresas en crisis.