El Gobierno quita 200 millones a todos los ministerios para costear la nueva ayuda a parados
- Otros 200 millones saldrán del Ministerio de Trabajo, hasta sumar 400 millones
- El Consejo de Ministros aprueba las nuevas medidas para incentivar el empleo
El Gobierno tendrá que reducir el presupuesto de todos los ministerios para costear el nuevo programa de ayuda para la formación de los parados, que sustituye a los 426 euros, y que supondrá un gasto total de 400 millones de euros al año, de los cuales la mitad los aportará el Ministerio de Trabajo y el resto procederán de recortes en el resto de departamentos.
Así lo ha explicado el vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha aprobado las nuevas medidas para incentivar la creación de empleo y, entre esas medidas, un acuerdo de no disponibilidad de 200 millones de euros para los ministerios que verán recortado su presupuesto.
"Hemos hecho, si me permite, una derrama", ha comentado Rubalcaba, argumentando que el Gobierno ha tenido que recurrir al conjunto de los ministerios "para no sobrepasar el techo de gasto" y lanzar la inciativa, que es un instrumento al servicio del "objetivo más importante" del Ejecutivo, crear empleo.
Ayuda de 400 euros y formación
Por su parte, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha detallado que gran parte de los 400 millones de euros de que dispondrá el nuevo programa servirán "para financiar, esencialmente, las medidas de acompañamiento, en forma de rentas". En concreto, se pagarán 400 euros mensuales (el 75% del renta mínima de inserción) durante seis meses a quienes agoten la prestación por desempleo ordinaria a partir del 16 de febrero, ya que hasta el martes 15 se podrá solicitar la antigua ayuda de 426 euros.
Para acceder a esas ayudas será necesario no tener otras rentas superiores al salario mínimo (640,41 euros) y, sobre todo, iniciar un programa de inserción laboral, que incluye formación y un itinerario personalizado que diseñarán los asesores de los servicios públicos de empleo para reintroducirse en el mercado de trabajo.
Con todo, Gómez ha querido destacar que el programa no es de naturaleza "pasiva", es decir, no se limita a la concesión de la ayuda, sino que se centra en la recualificación de los trabajadores, de forma que no será necesario acceder a la ayuda parta participar en los programas de formación e inserción.
Plan de choque de empleo parcial
La segunda gran medida aprobada ha sido el plan de choque para impulsar la contratación parcial, que bonificará a las empresas que contraten a tiempo parcial a desempleados de larga duración o jóvenes menores de 30 años eximiéndoles del cien por cien de las cotizaciones sociales por ese trabajador -el 75% si la empresa tiene más de 250 empleados-.
La bonificación exigirá que la empresa aumente de forma neta su plantilla y será compatible con los contratos temporales a tiempo parcial, con el fin de convertirlos en estables. "La voluntad es que el programa sea transitorio", ha comentado Gómez, quien ha querido dejar claro que sólo se aplicará durante los próximos 12 meses y que el objetivo es crear empleo este mismo año.
En ese sentido, ha señalado que el objetivo del Gobierno es conseguir que se celebren más de 100.000 nuevos contratos parciales y ha detallado que el coste estimado para la Seguridad Social, en forma de cotizaciones no ingresadas, será de 23,5 millones de euros al mes por cada 10.000 contratos. Con todo, supondrá "un ahorro en términos de prestaciones por desempleo que no se pagarán", ha dicho.
Más formación laboral
Las medidas aprobadas incluyen otros dos programas, empezando por una iniciativa para combinar la orientación laboral y la formación, ya sin apoyo de rentas, para jóvenes y mayores de 45 años, dirigida sobre todo a trabajadores de la construcción y de otros sectores con baja cualificación.
El último programa consistirá en exigir que los cursos de formación de las empresas que se bonifican por la formación continua de sus empleados incluyan entre un 20% y un 40% de desempleados, para incrementar la oferta formativa.
Todas estas medidas se incluyen en el Acuerdo Económico y Social, firmado entre Gobierno, empresarios y sindicatos el pasado 2 de febrero, y se completarán con la reforma de las políticas activas de empleo, que el Ejecutivo presentará en las próximas semanas.