La ley Sinde llega al Congreso tras su paso por la gala de los Goya
- Se vota esta tarde tras ser rescatada en el Senado
- Vuelve al Congreso donde fue rechazada a finales del año pasado
- Tras el acuerdo entre el PSOE, PP y CiU, es previsible que se apruebe
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La conocida como ley Sinde (ver texto íntegro) llega esta tarde al pleno del Congreso tras ser aprobada en el Senado con el 95% de los votos. Tras más de un año y dos meses de tramitación, el texto vuelve a la Cámara Baja, el mismo lugar donde fue rechazado a finales de 2010. Ahora, con algunas modificaciones, es previsible que salga adelante tras el acuerdo entre PSOE, PP y CiU para salvar la ley antidescargas.
Tras su aprobación, se pondrá en marcha el desarrollo en un reglamento para formar la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente de Cultura, que podrá bloquear webs con contenidos sujetos a derechos de autor previa orden judicial.
Una vez constituida, la Comisión podría empezar a cerrar webs y pedir la retirada de los contenidos declarados infractores.
La polémica ley antidescargas estuvo presente el pasado domingo en la gala de los Premios Goya.
Por un lado el grupo de activistas conocido como 'Anonymous' se hizo notar en la alfombra roja. Cientos de personas, muchos de ellos con la careta de 'V de Vendetta', se acercaron al Teatro Real para manifestar su rechazo a la denominada ley Sinde. Cánticos, abucheos y huevos acompañaron al 'glamour' en la alfombra roja.
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde fue recibida con gritos de "Sinde dimisión, Sinde dimisión" y la protesta no se quedó solo en la calle.
La polémica traspasó las puertas del teatro. Andrèu Buenafuente, conductor de la ceremonia, bromeaba sobre la polémica ley antidescargas nada más hacer su aparición en el escenario colgado de un arnés: "Esto ha sido una descarga legal".
A continuación se dirigía a la ministra de Cultura, sentada junto a Álex de la Iglesia. "Espero que la gala le EMULE, digo le mole".
Como era de esperar el discurso de Álex de la Iglesia también estuvo protagonizado por la ley antidescargas.
"No podemos olvidar el meollo del asunto. Una película no es película hasta que alguien se sienta delante y la ve", afirmaba el cineasta añadiendo que "si queremos que nos respeten hay que respetar primero".
“Si queremos que nos respeten hay que respetar primero“
Añadía que "Internet no es el futuro, internet es el presente " y se refería a los internautas "a ellos no les gusta que les llamen así. Ellos son ciudadanos, son sencillamente gente. Son nuestro publico. Ese publico ha dejado de ir al cine porque están delante de una pantalla de ordenador. Internet es la salvación de nuestro cine".
Mientras tanto las entidades de gestión desean que la maquinaria "antidescargas" comience a rodar cuanto antes. Esperan que frene a las páginas que consideran "piratas" e "ilegales" y a las que responsabilizan de grandes pérdidas en la industria cultural. Aunque también criticaron los últimos cambios del texto, ya que "aportan dilación al procedimiento".
Y en la red continúan las protestas. En Twitter, #nolesvotes recoge los mensajes de ciudadanos que piden materializar en las urnas su desacuerdo con la ley antidescargas y el colectivo ciberactivista 'Anonymous' anima a enviar masivamente correos a los diputados.
Claves de la ley Sinde
Comisión de Cultura. Comisión de Cultura. Tras la aprobación en el Congreso de la ley se tendrá que desarrollar el reglamento que establece el funcionamiento de las secciones de la Comisión de Cultura uno de los puntos más polémicos. Será el organismo que, previa denuncia, llevará ante el juez a las páginas que vulneren los derechos de autor y ejercerá "las funciones de mediación, arbitraje y salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual".
La industria cultural ha mostrado su interés para participar en su redacción.
El portavoz de la Coalición de Creadores, Javier Solís, afirmaba tras aprobación de la ley en el Senado que "como representantes de la industria cultural y de entretenimiento de España", seguirán "muy de cerca el desarrollo del reglamento en el Congreso" para que sus iniciativas "sean recogidas, dentro de lo posible".
Tras el desarrollo del reglamento se nombrarán a los miembros de la Comisión dividida en dos secciones.
Miembros de la ComisiónMiembros de la Comisión. La sección primera estará formada "por tres miembros nombrados por el Ministro de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Economía y Hacienda, Cultura y Justicia, por un período de tres años renovable por una sola vez, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual. Los Ministerios de Cultura y Economía y Hacienda nombrarán, conjuntamente, al Presidente de la Sección Primera".
La Sección segunda, que es la que decide el cierre de webs, se formará bajo "la presidencia del Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá de un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia".
El funcionamiento de las secciones de la comisión se determinarán "reglamentariamente".
Cierre de webs. Cierre de webs. La Comisión de Cultura podrá "tomar medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos (...) siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial".
Primeros pasosPrimeros pasos Con las modificaciones respecto a la versión que tumbó el Congreso, se añade la intervención judicial en el primer momento del proceso, el de la identificación del "responsable del servicio que está realizando una conducta presuntamente vulneradora". El texto contempla que los "órganos competentes podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la cesión de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Tal requerimiento exigirá la previa autorización judicial".
Plazos. Plazos. Contempla un plazo de 48 horas para "la retirada voluntaria de los contenidos infractores". El resultado se pasará a los denunciantes, que vigilarán la página durante cinco días. Después la examinará la comisión de Cultura otros tres días. Si los contenidos son retirados se "pondrá fin al procedimiento".
Procedimiento exprés. Procedimiento exprés. Contempla el plazo "improrrogable" de cuatro días para que el juez decida sobre el cierre de la web que se considere infractora. La nueva versión matiza que el Juzgado tendrá dos días para convocar a los afectados y otros dos para "resolver mediante auto".
Canon digitalCanon digital. El PP introduce en este texto un plazo para la modificación del canon digital, para lo que el Gobierno contará "con tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley" después de que la UE lo declarara ilegal.
A favor y en contra
La ministra Ángeles González-Sinde defiende que en el proceso está "garantizada" la intervención del juez en todo momento. "Hay todo un procedimiento que garantiza que el titular de la página denunciada pueda retirar el contenido".
El socialista Félix Lavilla resaltó en el Senado que garantiza la defensa de la propiedad intelectual y ha afirmado que desde su grupo parlamentario son "conscientes del momento de transición que no ha terminado para dar paso a un nuevo modelo, y mientras esto sucede hay que proteger la propiedad intelectual, que es un derecho fundamental".
El PP defendió con énfasis la ley durante su votación en la Cámara Alta. José María Chiquillo hizo también hincapié en el "reforzamiento judicial". El senador popular afirmó que la ley se "ha modificado sustancialmente" y que es una herramienta que defiende "la libertad en la Red".
Por su parte David Bravo, abogado especialista en propiedad intelectual, explicaba en declaraciones a RTVE.es que "esencialmente aquello que hacía preocupante la ley Sinde no ha cambiado" y que aunque "introducen al juez en la parte de la petición de datos a los proveedores de servicios, no es el juez el que decide si existe una infracción y éste sigue teniendo una función decorativa".