Salgado anuncia que el Estado podrá ser accionista de una caja hasta cinco años

• El Estado "no tiene vocación de permanencia" en las entidades
• ERC denuncia que la reforma financiera "llevará a un oligopolio"

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, se dirige a la tribuna parlamentaria.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha anunciado que si el Estado inyecta fondos en una caja de ahorros podrá ser accionista de la entidad "hasta un máximo de cinco años" para garantizar su saneamiento, tal y como había pedido el martes CiU.

En el Congreso de los Diputados, Salgado aclara que el Estado "no tiene vocación de permanencia" en las entidades que reciban una inyección del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pero deja entrever que tampoco se subastará inmediatamente la entidad.

Así ha respondido Salgado en una interpelación del diputado del grupo ERC-IU-ICV Joan Ridao, quien compartía la opinión del portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, quien dijo que una subasta rápida sólo permitirá que las cajas se acaben vendiendo "a precio de regalo, al mejor postor" (bancos españoles y extranjeros).

Un oligopolio para Ridao

A juicio de Ridao, las reformas del sistema financiero llevarán a un "oligopolio en el que los bancos no tendrán competidores y excluirán a sus clientes menos lucrativos", lo que acabará influyendo negativamente en el crédito.

"La urgente necesidad de capital pondrá a las cajas en manos de jugadores deseosos de beneficios inmediatos y más rentabilidad", añade el diputado de ERC.

Además, reprocha a la vicepresidenta la "auténtica discriminación" que es exigir a las cajas un 10% de capital principal respecto a activos de riesgo, frente al 8% de los bancos.

Salgado insiste en que la distinción no es por tipo de entidades, sino por la presencia o no de inversores privados y la dependencia superior al 20% de los mercados mayoristas. Pero Ridao mantiene que eso es exigir un capital "fuera del alcance" de la mayoría de las cajas y un "suicidio asistido" para las mismas, "con dinero público", y que llevará a la desaparición de la obra social.

Obra social con beneficios

Para defenderse de estas críticas, Salgado argumenta que la reforma pretende que las cajas puedan seguir cumpliendo con su obra social, que sólo se puede llevar a cabo cuando hay beneficios. Además, la vicepresidenta considera que de cara a los nuevos exámenes de solvencia, previstos a mediados de año, "sería de desear" que las entidades los pudieran resolver "sin dificultad", en ese momento.

En cuanto al coste para el erario público de las medidas financieras, Salgado minimiza el impacto y dijo que "apenas" llega al 1,5% del PIB, y destaca que el Tesoro lleva ingresados ya cerca de 3.000 millones con las actuaciones para reforzar la liquidez.

Esa cantidad es el resultado principalmente de los intereses generados con la compra a las entidades de activos financieros por parte del Estado.

Por último, ante la acusación de Ridao de que Economía "sustrae" las competencias autonómicas sobre las entidades financieras, la ministra asegura que "la propuesta que el Gobierno va a plantear no va a alterar en nada el modelo competencial existente".

En las últimas semanas, se ha interpretado que con la posible entrada del Estado en el capital de las cajas, las autonomías podrían perder su derecho de veto de determinadas operaciones en las que se vean envueltas las entidades regionales bajo su tutela.