60 imputados por liberar gases tóxicos de medio millón de frigoríficos

• Cobraban las tasas por su eliminación ecológicos pero los vendían a chatarreros
• Los autores habría ganado unos 10 millones de euros en cuatro años

Las neveras desmanteladas ilegalmente provocan daños medioambientales

La Guardia Civil ha imputado a 60 personas por gestionar ilegalmente los residuos de más de medio millón de frigoríficos y liberar gases tóxicos, en su mayoría en Madrid y Zaragoza, mientras cobraban las tasas correspondientes a su eliminación ecológica, consiguiendo más de 10 millones de euros.

Según ha informado este sabado la Guardia Civil, a los implicados se les imputa la comisión de varios delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, estafa y apropiación indebida.

La operación, denominada "Fragmento", ha sido llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y ha sido dirigida por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.

La investigación, desarrollada durante los últimos siete meses, se ha centrado en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Zaragoza, donde se encontraban los principales depósitos de material de electrodomésticos, en los que se han intervenido hasta 1.300 frigoríficos fuera de uso que se pretendían fragmentar de manera incorrecta.

En lugar de ser eliminados de acuerdo con la normativa medioambiental vigente, los frigoríficos eran destruidos en centros no autorizados para este tipo de gestión, mediante técnicas rudimentarias que permitían la liberación de gases que afectan gravemente a la capa de ozono.

En el transcurso de la operación, la Guardia Civil ha podido constatar la liberación a la atmósfera de gases equivalentes a más de 500 millones de kilos de dióxido de carbono.

Los frigoríficos, enviados a chatarrerías

Las irregularidades comenzaban con la propia retirada de los frigoríficos que, en lugar de ser entregados en plantas autorizadas donde se extraen los gases de forma controlada, eran llevados a chatarrerías e industrias diversas.

Posteriormente los materiales eran vendidos a fundidores y otras industrias que reciclan los distintos componentes.

La banda había conseguido unos beneficios de diez millones de euros en cuatro años.

Además de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, los imputados están acusados de estafa, por cobrar tasas correspondientes a la eliminación ecológica de los frigoríficos entregados al adquirir los nuevos, sin llegar a efectuar dicha eliminación.

También están imputados por apropiación indebida al vender los transportistas los frigoríficos retirados a instalaciones no autorizadas en lugar de depositarlos en las plantas legales.

Todos los frigoríficos intervenidos han sido depositados en un centro de almacenamiento temporal autorizado a disposición de la Fiscalía de Medio Ambiente.