El exdirector de Ascó I y otros tres mandos declararán como imputados por la fuga de 2007

• La juez admite a trámite la querella de la Fiscalía de Medio Ambiente
• En 2009, por este caso se impuso la mayor multa de la historia nuclear española
• Le imputan un delito contra la seguridad colectiva y el medio ambiente

La titular del Juzgado de Instrucción de Gandesa (Tarragona) ha citado a  declarar como imputados al exdirector de la central nuclear de Ascó  I y tres mandos más por la fuga radioactiva de noviembre de  2007.

En un auto fechado el 10 de febrero, la juez admite a trámite la  querella presentada por Fiscalía de Medio Ambiente a principios de  mes y abre diligencias para practicar nuevas pruebas.

La denuncia de Fiscalía se centraba en los hechos que ocurrieron  en noviembre de 2007, cuando la central de Ascó I emitió al exterior  partículas radiactivas de las que no informó hasta abril del año  siguiente.

En 2009, este caso ya ocasionó la imposición de una multa de más de 15 millones de euros por parte del Ministerio de Industria. Fue la más  alta de la historia nuclear española.

Delito contra la seguridad colectiva

La juez ha solicitado a  los responsables toda la documentación  técnica sobre el incidente, que  deberá ser entregada en el plazo de  cinco días, así como la relación  completa de todos los trabajadores,  fijos y eventuales desde el 26 de  noviembre de 2007.

La Fiscalía achaca al entonces director de  la central Rafael  Gasca -que fue destituido-, al jefe de servicio de  protección  radiológica Francesc González -que también fue destituido  tras el  incidente-, al jefe de explotación, y al inspector  residente  del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la posible  comisión  de un delito contra la seguridad colectiva por exposición de   radiaciones ionizantes debida a una "imprudencia grave".

Además, el fiscal aprecia la comisión de un posible delito contra  el  medio ambiente, otro contra los derechos de los trabajadores y un   cuarto por falsedad documental.

Entre  otras diligencias, la juez ha pedido la identidad y  dirección de la  empresa que llevó a cabo el desmontaje y montaje de  los tubos de  ventilación el 19 de diciembre de 2007 y la  cuantificación de la  actividad total de las partículas halladas entre  el 8 de abril de 2008 y  el 7 de septiembre del mismo año.

ICV y Greenpeace denunciaron los hechos

También ha solicitado que se  notifique a la entidad ecologista  Greenpeace y al secretario general de  ICV, Joan Herrera, -que  denunciaron los hechos ante la Fiscalía de  Tarragona-, que se ha  abierto un procedimiento para que acrediten su  condición de  perjudicados.

Los cuatro imputados declararán el  21 y el 25 de marzo y la juez  también cita a declarar, sin determinar  la fecha, a más de una decena  de testigos.

En su denuncia, el  servicio de Medio Ambiente de la Fiscalía  recuerda que fueron halladas  partículas radiactivas en la orilla  opuesta del río Ebro, en una  chatarrería situada a 60 kilómetros de  Ascó, e incluso en el zapato de  un trabajador que salía de la  central, mientras que "no se cancelaron  las visitas de grupos de  estudiantes a la central" una vez conocida la  fuga y dispersión de  partículas.

Según el fiscal, el suceso  se produjo mientras finalizaba la  recarga de combustible, cuando un  trabajador novel "siguiendo  instrucciones verbales" vació de forma  indebida un recipiente con 50  litros de líquido radiactivo que saltó a  la rejilla de aspiración del  circuito de ventilación de la central, que además no tenía en  funcionamiento el sistema de ventilación de  emergencia que habría  evitado la emisión al exterior.