Dos detenidos en el registro de una empresa pública catalana que gestiona adjudicaciones

• La Guardia Civil registra las sede de GISA en Barcelona y Girona
• Uno de los detenidos es Jordi Vergès, gerente de Obra de GISA

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil han detenido al menos a dos personas en dos registros practicados esta tarde en las sedes de Barcelona y Girona de la empresa pública Gestión de Instraestrucuturas S.A. (GISA), que gestiona la adjudicación de las obras de la Generalitat, según informa RNE.

El caso, que está bajo secreto de sumario, podría estar relacionado con presuntas irregularidades en adjudicaciones de obras a empresas privadas y uno de los detenidos sería Jordi Vergé, gerente de obras de GISA, tal y como informa RNE. Vergé fue nombrado gerente de obras de carreteras de GISA por el anterior gobierno tripartito de la Generalitat.

Vergé fue nombrado gerente de obras de Gisa por el anterior gobierno tripartito de la Generalitat. Las fuentes consultadas apuntaban a una tercera persona detenida inicialmente, pero ha sido puesta en libertad con celeridad.

El juzgado número 5 de Barcelona y la fiscalía de Delitos Económicos se encargan de la investigación de este caso y también de una presunta trama de irregularidades en la adjudicación de obras de ampliación del puerto de Barcelona.

El fiscal de Delitos Económicos, acompañado de agentes de la Guardia Civil, se ha personado este mediodía en la sede de GISA, donde ha pedido documentación referente a la actividad de la empresa en la demarcación de Girona desde el año 2007 hasta la actualidad.

Parte de la documentación solicitada, según ha informado la Generalitat, ha sido entregada a la fiscalía y "se complementará en las próximas horas".

Los agentes han pedido documentación sobre adjudicaciones

El registro de la Guarida Civil se ha centrado en el despacho del gerente de carreteras de la demarcación de Girona de Gisa, ubicado en la sede central de esta empresa, en Barcelona.

La documentación requerida por los investigadores se ha centrado en las adjudicaciones que habían sido tuteladas por este cargo intermedio de Gisa entre 2007 y la actualidad, si bien el nuevo gobierno de CiU todavía no había empezado a adjudicar obras.

Entre la documentación requerida por los cuerpos policiales y los investigadores se encuentran toda la documentación interna de las adjudicaciones y los informes previos a estas obras.

Desde que llegó CiU a la Generalitat, la empresa pública Gisa, que gestiona más de 3.000 millones anuales en obra pública de la administración catalana, depende de la conselleria de Economía, y no de Obras Públicas -actualmente denominada Territorio y Sostenibilidad-, como lo había hecho históricamente y también durante el periodo que está siendo investigado por la fiscalía.

El departamento de Economía y Conocimiento ha emitido un comunicado en el que señala que tanto la empresa pública Gisa como el Departamento de Economía y Conocimiento tienen una "completa disposición" a colaborar con la administración de justicia con celeridad y transparencia.

Según señala el comunicado, parte de la documentación solicitada ha sido entregada a la fiscalía y "se complementará en las próximas horas".

"El secreto de sumario y la presunción de inocencia guiarán la actuación del Departamento en este tema", afirma la nota oficial de la Generalitat.

Por otra parte, fuentes del gobierno de la Generalitat han asegurado a EFE que el ejecutivo catalán es "el primer sorprendido" por esta operación de la que no sabía nada, ni conoce cuales son exactamente las diligencias que se están llevando cabo por parte de la autoridad judicial. El Govern se mantiene "a la expectativa" y pide que se respete la presunción de inocencia.

El fiscal de delitos económicos ha pedido a GISA documentación sobre su actividad en la demarcación de Girona desde el 2007 hasta ahora, según ha informado la Consejería de Economía de la Generalitat en un comunicado. La Fiscalía, junto a efectivos policiales se ha personado en la sede de GISA en Barcelona para recabar la información y la Generalitat se la ha entregado y espera complementarla en las próximas horas.

La investigación está coordinada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona y por la Fiscalía de delitos económicos.

Por otra parte, fuentes del gobierno de la Generalitat han asegurado a que el ejecutivo catalán es "el primer sorprendido" por esta operación de la que no sabía nada, ni conoce cuales son exactamente las diligencias que se están llevando cabo por parte de la autoridad judicial. El Govern se mantiene "a la expectativa" y pide que se respete la presunción de inocencia.