La Fiscalía aprecia un presunto delito de fraude en el funcionamiento de Banif Inmobiliario

• El fondo del Banco Santander se cerró hace dos años

La Fiscalía cree que el fondo Banif Inmobiliario -perteneciente al Banco Santander- funcionaba como "un fondo especulativo", lo que podría constituir un presunto delito de fraude que provocaría un "grave perjuicio patrimonial" a sus inversores y tendría "una grave repercusión" en el tráfico mercantil.

Según un informe al que Efe ha tenido acceso este miércoles y que el fiscal envió el pasado 28 de enero al Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid -que investiga potenciales delitos en la congelación del Banif Inmobiliario-, este fondo habría vendido un inmueble a un precio simulado.

Este documento también indica que el Santander proporcionó información privilegiada a un grupo de partícipes de Banif Inmobiliario para que salieran del producto antes de que fueran congelados sus reembolsos, lo que sucedió el 28 de febrero de 2009. La salida de dichos partícipes se produjo a un precio sensiblemente superior al del resto de los inversores.

El informe del fiscal fija el valor del fondo en 2009 en 1.374 euros por participación, y lo compara con el del ejercicio anterior (1.531 euros por participación) para calcular que fue de un 10,2 % menos, lo que para los inversores supondría un perjuicio de 156,9 euros por acción.

El cierre del fondo en febrero de 2009 provocó que los inversores que habían depositado en él su dinero hayan estado dos años sin liquidez y hayan perdido cerca del 17% del valor de su inversión.

La participación acumuló desde enero de 2009 a noviembre de 2010 una caída del 14%, a la que hay que sumar la comisión de gestión y depósito y la evolución del fondo en diciembre 2010 y enero y febrero de 2011.

Fuentes del banco consultadas por Efe rehusaron hacer comentarios sobre la opinión de la Fiscalía.

Se congeló el dinero de 43.000 inversores

Por su parte, la asociación Activa, que presentó la querella contra el fondo de inversión del Grupo Santander, señala que varios inversores consiguieron salir del producto gracias a la información facilitada por la entidad financiera que preside Emilio Botín, mientras que el resto (unos 43.000) se vieron afectados por la congelación en la devolución de sus inversiones.

El informe de la Fiscalía señala que las diligencias llevadas a cabo por el juzgado ponen de manifiesto que Banif Inmobiliario captó durante varios años cantidades destinadas a un fondo de inversiones inmobiliarias para obtener de los alquileres "rentabilidades estables para inversores conservadores".

El fiscal concluye que este mecanismo provocó "la suspensión de los reembolsos" y la liquidación sin disolución del fondo.

Por otro lado, fuentes del mercado han recordado que este tipo de herramientas de inversión están supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y que los inversores tienen acceso a toda la información recogida en los correspondientes folletos y en los informes trimestrales que se publican sobre estos activos.

Por su parte, el secretario general de Activa, Javier Sotos, ha explicado que, una vez se hayan estudiado las pruebas documentales, los querellantes piensan pedir la declaración del presidente y del vicepresidente de Banif, Alfredo Sáez y Rodrigo Echenique.

También pedirán la declaración de Matías Rodríguez Inciarte y Pedro Ruiz-Olivares García, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la sociedad gestora del fondo, Santander Real Estate.

Más asociaciones de afectados por la congelación de los reembolsos se han personado en las diligencias emprendidas por la titular del juzgado, la juez Belén Sánchez. Ese aumento del número de afectados ha hecho que el fiscal insista en que sea la Audiencia Nacional la que investigue los hechos, ya que estos inversores pertenecen a distintas provincias españolas.

En septiembre del año pasado, el Tribunal Supremo decidió que la competencia correspondía al Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, después de que este tribunal y la Audiencia Nacional negasen en un principio ser competentes para investigar la querella.