La comisión investigadora del accidente de los mineros de Chile culpa a los dueños de la mina

• También responsabiliza al Servicio Nacional de Geología y Minería
• El ministro de Minería, Laurence Golborne, anuncia reformas y más recursos

La comisión del Congreso chileno encargada de investigar el accidente que mantuvo a 33 mineros atrapados durante 70 días en el yacimiento San José, al norte del país, acusa a los dueños de la mina de ser los principales responsables del accidente. El informe elaborado por la comisión, que este jueves será sometido a votación en la Cámara de Diputados,  también responsabiliza del accidente al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

Así lo ha anunciado el conservador Alejandro García-Huidobro, responsable de la investigación, quien ha avanzado que el informe elaborado señala a los empresarios Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn como los principales responsables del derrumbe.

En cuanto a la responsabilidad del Sernageomin, el informe revela que habría incumplido su obligación legal de controlar el estado y el funcionamiento del yacimiento, situado en el desierto de Atacama.

Los dueños de la mina, Kemeny y Bohn, han comparecido ante esta instancia parlamentaria, pero han rechazado que tengan responsabilidad en los hechos, e insisten en que el derrumbe fue un gran accidente imposible de predecir, como ya declarara el primero de ellos a un periódico chileno el pasado mes de noviembre.

El informe ha sido entregado este miércoles al ministro de Minería, Laurence Golborne, aunque su votación en la Cámara de Diputados, se ha aplazado hasta este jueves.

Reformas y más recursos para el sector

Golborne ha reiterado que el Sernageomin va a ser reformado y reforzado con más recursos, gracias a un proyecto de ley que se enviará al Congreso dentro de los próximos 30 a 60 días.

El ministro de Minería chileno ha elogiado también la labor de la comisión de investigación, que sólo ha tardado cinco meses en elaborar el informe.

Los 33 mineros fueron rescatados el pasado 13 de octubre de la mina San José, a unos 830 kilómetros al norte de Santiago de Chile, en un inédito operativo de salvamento que causó expectación mundial.

Esa operación fue financiada por el Estado y tuvo un coste de 20 millones de dólares (unos 14,5 millones de euros).

Para recuperar ese dinero, la Justicia intervino la empresa San Esteban, dueña del yacimiento San José, cuya junta de acreedores aprobó en noviembre un convenio judicial para vender los activos y bienes inmuebles de la compañía en un plazo máximo de quince meses.