El Parlamento andaluz rechaza crear una comisión para investigar los ERE
- El PSOE argumenta que la oposición no quiere conocer la verdad
- La Junta ha detectado ya 70 casos de irregularidades en ERE
El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos en contra del PSOE-A y el apoyo de IULV-CA, la petición del PP-A de creación de una comisión de investigación ante la presunta existencia de ayudas públicas concedidas a empresas en crisis, gestionadas al margen de lo dispuesto en la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. En la anterior sesión plenaria, el PSOE-A tampoco permitió la creación de una comisión de investigación sobre el 'caso Mercasevilla', solicitada también por los 'populares'.
Esta negativa se ha dado en el mismo día en que la Junta ha detectado ha detectado 32 nuevos casos de supuestas irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), que ha calificado de "nuevas discordancias", lo que eleva los casos de supuestos prejubilados falsos a un total de 70 personas.
En su intervención en la Cámara, el diputado del PSOE-A Ángel Gallego ha justificado la negativa de su formación en el hecho de que el PP-A pretende crear con la comisión de investigación un "juicio paralelo" y que, en ningún momento, persigue la verdad, sino a los socialistas. En su opinión, los populares ya han establecido las culpas y sólo les falta "imponer las penas".
Asimismo, ha insistido en que el Gobierno andaluz está colaborando con la Justicia y ha censurado que el PP-A utilice "el parapeto de la inmunidad parlamentaria" para cometer una "adulteración" de determinados elementos.
Distinto rasero, para los socialistas
Al hilo de ello, ha considerado que el PP-A no trata con el mismo rasero cuestiones que atañen a sus filas y a otros partidos. "Nada dicen de los suyos pero todo de los otros", ha apuntado Gallego, quien ha garantizado que ni al Gobierno andaluz ni a su formación les va a temblar el pulso ante la "verdad judicial" porque no van a permitir que nadie se aproveche de lo público.
En su defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A Antonio Sanz ha indicado que su formación no se conforma con que el consejero de Empleo, Manuel Recio, comparezca en comisión parlamentaria, si no que considera que existe la obligación "ética y moral" de que la Cámara investigue "cuál era el procedimiento para repartir las ayudas, qué normas se seguían, qué control político había, qué se ha hecho con el dinero de los parados y por qué no se atendieron los informes de la Intervención General de Hacienda".
"Son cuestiones que no puede desarrollar la investigación judicial", ha destacado Sanz, quien ha considerado que ello es responsabilidad de los grupos parlamentarios, quienes también deben conocer qué participación tuvieron en estos hechos los viceconsejeros de Empleo y por qué eran socialistas todos los ayuntamientos que recibían las ayudas del fondo para empresas.
A su juicio, el pueblo andaluz tiene derecho a saber qué ha pasado con este dinero y por respeto a éste se debería decir sí a la comisión de investigación. "Cada día que la nieguen sus escaños se irán manchando más por la corrupción", ha apostillado.
Finalmente, el portavoz de IULV-CA en el Parlamento, Diego Valderas, ha pedido que, ante la previsible negativa del PSOE a la creación de una comisión de investigación, que la Comisión de Empleo se convierta en una comisión "permanente" de investigación para abordar las irregularidades que se han cometido durante los diez
últimos años, bajo el mandato de cuatro consejeros y distintos responsables a sus órdenes, entre ellos Guerrero.
Valderas, que ha insistido en la necesidad de llegar hasta el final "de este saco sin fondo de corrupción", ha considerado que más allá de la investigación judicial, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, tendría que haber intervenido para poner "en su sitio" a quienes hayan podido "meter la pata". En su opinión, las comisiones de investigación son un instrumento necesario para la democracia.