El gobierno de Aragón despide a un alto cargo de Industria implicado en presuntos delitos de corrupción

• Entre funcionarios, familiares y empresarios, 13 imputados
• El Gobierno de Aragón se personará como acusación particular
• Todo empezó con una denuncia particular en el año 2006

El consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha cesado este miércoles al director del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza, Francisco Javier Hualde, por su implicación en presuntos delitos de corrupción dentro de la operación Minas, y ha anunciado que el Gobierno se personará como acusación particular en la causa.

Así lo ha confirmado Aliaga esta tarde, en una rueda de prensa convocada tras conocerse que seis funcionarios de la Diputación General de Aragón, tres familiares del director provincial y cuatro empresarios han sido imputados por la comisión de supuestos delitos de prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y falsedad documental, entre 2002 y 2007.

El consejero, quien ha precisado que desconoce las identidades de los otros presuntos implicados, ha dicho que pedirá al Gobierno aragonés personarse como acusación particular en la causa abierta contra estas personas, entre los que se encuentran seis funcionarios de los doce que forman parte del Servicio Provincial de Minas de Zaragoza.

Aliaga ha remarcado que su Departamento ha actuado con total responsabilidad en este asunto, que se investigó en la propia consejería a raíz de una denuncia de un particular en mayo de 2006, y que se trasladó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en octubre de 2008.

Este paso se dio después de que la Dirección General de Minas y la Secretaría General Técnica del Departamento revisaran entre septiembre de 2007 y septiembre de 2008 unos 200 expedientes del servicio provincial ahora cuestionado, un 25% de los cuales tenían algún tipo de irregularidad.

Presunta trama de corrupción

La investigación de esta presunta trama de corrupción corre a cargo de la policía de la Jefatura Superior de Aragón y el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, que se ha hecho cargo del caso.

La investigación, desarrollada por miembros del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial, comenzó a raíz de los informes presentados ante la Fiscalía por la Dirección General de Minas y de la Secretaría General Técnica del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

Estos informes ponían de manifiesto irregularidades -más allá de la mera responsabilidad administrativa- en diversos expedientes mineros, que afectaban tanto en materia minera, como medio ambiental y de seguridad laboral, según ha informado la Jefatura Superior.

La investigación policial ha contado en todo momento con la supervisión de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y también con la colaboración puntual de la propia Diputación General de Aragón.