El Gobierno italiano aprueba una reforma histórica de la justicia

“Quería hacerla desde 1994”, ha exultado el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, tras la aprobación de la reforma de la justicia en el Consejo de Ministros.

Una hora y media ha durado la reunión del gabinete que sacaba adelante este cambio que, según expresa el primer ministro, no es para él, no es un cambio contra nadie, sino a favor de los intereses del país. El ministro de Justicia, Angelino Alfano, aclara que esta reforma no se aplicará a ningún proceso en curso.

El texto orgánico de reforma de la Justicia   requerirá de 10 leyes de actuación   que el gobierno tiene ya preparadas.

Varios cambios destacables

Hay varios cambios llamativos que lo sustentan: se prevé colocar ante la justicia a fiscales y jueces que   yerren, estableciendo la responsabilidad civil tal y como sucede con   otros gremios como médicos y abogados.

El ciudadano que está absuelto en primer grado no podrá ser juzgado por el mismo delito en otras instancias judiciales. Se establece también la separación de las carreras de fiscal y juez. El establecimiento de un nexo jerárquico entre la policía judicial y el ministerio fiscal son también sustentos   de este cambio.

El caso Ruby no ha influido nada en esta iniciativa. Berlusconi   aclara que llevaba 17 años queriendo abordar la cuestión y que su intención es discutir la reforma también con la oposición.

Los magistrados, entre tanto, se movilizan y estudian la posibilidad de convocar una huelga. Si se anuncian medidas que van a hacer época, la respuesta tiene que ser también histórica, advierten los togados.

El Gobierno responde que el parlamento   soberano es el órgano encargado de hacer las leyes y los jueces están sujetos a la ley, luego no puede haber interferencias entre poderes. Por eso, el ministro de Justicia advierte de que quiere ver cuáles son los fundamentos de las movilizaciones de los jueces a quienes,   reconoce, que se cortan algunos privilegios.

El de este jueves es solo el primer paso. Habrán de transcurrir varios meses para que, en   la mejor de las circunstancias,   esta ley pueda entrar en vigor. Deberá   realizar el recorrido en comisión, luego ser aprobada por   el Parlamento y, para ello previsiblemente pasará un par de veces por los Plenos.

Una reforma de este tipo requiere del consenso de los   dos tercios del Parlamento. Si no se consiguen cabe la posibilidad de someter a referéndum la reforma.