La Comisión Europea lleva ante los tribunales la tasa a las 'telecos' para financiar RTVE

• Bruselas cree que infringe la normativa de la UE al no gravar costes del sector
• También ha denunciado, por el mismo motivo, el modelo de financiación francés
• El Gobierno reitera que la contribución se ajusta a las normas

La Comisión Europea ha decidido llevar ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo la tasa que España y Francia han impuesto a los operadores de telecomunicaciones para financiar sus televisiones públicas y compensar así la supresión de publicidad.

“Es incompatible con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones“

Bruselas considera que esta tasa "es incompatible con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones, que disponen a que las tasas específicas cobradas a los operadores de telecomunicaciones estén relacionadas directamente con la cobertura de los costes de regular el sector de las telecomunicaciones", según detalla en un comunicado.

La Comisión estima que la tasa iba a generar en España unos ingresos de aproximadamente 230 millones de euros en 2010, aunque aún no ha sido ingresada al estar bajo investigación de las autoridades europeas.

El Ejecutivo comunitario ha denunciado también, por el mismo motivo, ante el Tribunal de Justicia el modelo de financiación de la televisión pública francesa, en el que se basa el español. En octubre de 2010, la Comisión ya emplazó a las autoridades francesas y españolas a suprimir esos "impuestos sobre las telecomunicaciones" y ahora Bruselas ha decidido llevar el caso ante la justicia.

El Gobierno defiende su legalidad

El nuevo modelo suprime la publicidad en RTVE y establece una tasa compensatoria sobre los operadores de telefonía para contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9% de sus ingresos, mientras que las cadenas de televisión privadas deberán aportar el 3% y las de pago, el 1,5%.

Tras conocer la decisión de la Comisión Europea, el Gobierno español ha vuelto a defender "la contribución razonable y equitativa por parte de aquellos actores económicos que se benefician de la supresión de la publicidad en la cadena pública", recordando en un comunicado del Ministerio de Presidencia que la figura jurídica de la contribución para sostener un servicio público está contemplada en el ordenamiento comunitario.

“La contribución solo se extiende a las operadores de contenidos audiovisuales“

El texto reitera que la Ley de Financiación de RTVE "no vulnera la Directiva de Autorización comunitaria, porque la contribución de las operadoras de telecomunicaciones no se extiende a todas ellas, sino solo a las que difunden contenidos audiovisuales" y señala el deseo de que el Tribunal de Justicia "reconozca la autonomía fiscal de nuestro país y declare la compatibilidad del gravamen con el derecho comunitario, y para ello trabaja ya la Abogacía del Estado".

El Ejecutivo comunitario archivó el pasado 20 de julio una segunda investigación sobre el nuevo modelo de financiación de RTVE tras concluir que respeta la normativa comunitaria sobre ayudas públicas porque garantiza que la televisión pública "no recibirá una compensación excesiva por prestar servicios públicos de radiodifusión".