El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, imputado por los ERE irregulares

• La juez le manda un burofax por su "presunta implicación" en los hechos
• La Junta ha detectado 146 irregularidades, entre ellas, 59 'intrusos'
• Son personas que cobraron las prejubilaciones sin trabajar en las empresas

El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, imputado por los ERE irregulares

La juez que investiga los presuntos ERE irregulares gestionados por la Junta de Andalucía ha imputado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que ocupó este cargo entre 2004 y 2010.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, le ha enviado un burofax en el que le comunica que tiene que designar a un procurador y a un abogado al objeto de personarse en la causa en calidad de imputado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, informa el Diario de Sevilla.

Según ha explicado el propio Antonio Fernández a Europa Press, se le comunica que, de las diligencias practicadas en esta causa, se deduce su "presunta implicación" en los hechos investigados.

La Justicia está investigando las presuntas irregularidades detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía.

De momento, la propia Consejería de Empleo, en su investigación interna, ha descubierto 146 irregularidades de dos tipos: 59 'intrusos' o personas que directamente recibieron el dinero de las prejubilaciones sin haber trabajado nunca en las empresas afectadas; y 87 incidencias más de empleados, que habiendo tenido relación con las empresas, suscitan dudas.

Estos ERE se dieron gracias a un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).

La juez investiga exactamente las ayudas de cerca de 648 millones de euros que dio la Junta para la reestructuración de empresas en crisis mediante una fórmula ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa, además de una supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas en los expedientes de regulación de empleo incentivados gracias al acuerdo antes mencionado.

Estos expedientes  de regulación de empleo en cuestión han sido  promovidos por empresas  como Mercasevilla, el restaurante Río Grande,  SOS Cuétara, Cash  Lepe, Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo,  Cydeplast, Smurfit,  Hitemasa, Surcolor, Springer Arteferro y Germans.

Antonio Fernández, asegura estar "muy tranquilo"

El exconsejero Antonio  Fernández considera que su imputación que se trata de algo "lógico" por lo que a los  procedimientos judiciales se refiere, manifestando que se siente "muy  tranquilo" por su labor al frente de la Consejería de Empleo.

Fernández ha aclarado que  la juez no le ha convocado a declarar en fecha alguna, pero de  cualquier modo, ha señalado su "tranquilidad" ante esta decisión de  la juez Mercedes Alaya.

Y es que, desde su perspectiva, el testimonio  del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de  Andalucía Francisco Javier Guerrero, quien había calificado como  "fondo de reptiles" estos 647.869.157,45 euros, es "poco creíble".  "Estoy aguantando la situación", ha enfatizado Antonio Fernández.

Antonio Fernández fue consejero de Empleo entre los años 2004 y  2010 y ha ocupado escaño en el Parlamento andaluz como diputado del  Grupo Socialista por Cádiz hasta finales del pasado mes de noviembre,  cuando renunció al acta para dedicarse en exclusiva a su nueva  responsabilidad como presidente del Consejo Regulador del Marco de  Jerez.

Declara ante la Policía Javier Guerrero

Por su parte, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta  de Andalucía Francisco Javier Guerrero ha comparecido este lunes ante la Policía  Judicial. Está impustado por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos  públicos y tráfico de influencias.

Fue Guerrero el que creo el "nuevo sistema" de ayudas autonómicas, al margen de la Ley General de Hacienda Pública, para los expedientes de regulación de empleo o reestructuración de empresas den crisis cuando llegó al cargo.

Según la Policía Judicial, gracias a la firma de un acuerdo entre  la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el por entonces  Instituto de Fomento de  Andalucía, la última de las instituciones se  convertía en la pagadora de estas subvenciones "evitando los  controles y la  fiscalización propia" de este tipo de libramientos.

Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas en  el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según  la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General  de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.