El Congreso aprueba la nueva ley de ciencia

• Ha sido aprobada por mayoría en la Comisión de Ciencia del Congreso
• Solo ha sido rechazada por  IU e ICV porque "empeora la carrerra investigadora"
• La nueva ley sustituye al único texto vigente sobre la materia creado en 1986

La comisión de Ciencia e Innovación del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la nueva ley de ciencia, después de más de dos años de redacción, consultas y trámites.

Ha sido aprobada por todos los grupos políticos menos IU e ICV, que aunque no tienen representación en dicha comisión, han rechazado el texto porque "empeora la carrera investigadora".

A pesar del apoyo mayoritario de una ley "necesaria", como han reconocido la mayoría de los portavoces, porque sustitye a la Ley de Investigación Científica y Tecnológica de 1986-, la nueva norma no satisface a los investigadores, las sociedades científicas, ni a las universidades.

No obstante, esta comisión cuenta con competencia legislativa plena para enviarla directamente al Senado, por lo que no tendrá que pasar por el pleno de la Cámara Baja. Su entrada en vigor se prevé para primavera, presumiblemente entre abril y mayo.

"Estamos satisfechos porque muchos aspectos son mejoras y hemos logrado poner de acuerdo a muchas partes con distintos intereses. Es la mejor ley posible", señala a RTVE.es un portavoz del Ministerio de Ciencia e Innovación.

A partir de ahora, ha reconocido Juana Serna, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Ciencia, "España ya es, como dice la ministra Cristina Garmendia, un país de ciencia y uno de los grandes países científicos del planeta".

La ley no satisface a los investigadores

Sin embargo, las asociaciones de científicos e investigadores, entre los que despunta la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), son muy críticos con el proyecto, sobre todo con la financión.

Así lo han reflejado, por ejemplo, con la publicación de una carta abierta por una Investigación Digna -como han llamado a la plataforma- firmada por 2.650 investigadores.

Una de sus fundadoras, Amaya Moro-Martín, critica la ley porque "no logrará solventar uno de los problemas más acuciantes de la investigación en España: la ausencia de una carrera actractiva, creíble y asumible por la administración".

“El problema es la ausencia de una carrera de investigación atractiva, creíble y asumible por la administración“

A pesar de que actualice la norma y tenga enfoques positivos, como la colaboración público privada para la I+D+I, la nueva ley no mejora las condiciones del sector ni de los investigadores.

Una de las reivindicaciones de Investigación Digna es que los Contratos de Acceso garanticen la creación de un número suficientes de plazas de personal laboral fijo o de funcionariado a las que los investigadores que pasan las evaluaciones puedan optar.

Esto evitaría que investigadores cualificados se vieran obligados a dejar la investigación o irse al extranjero por falta de empleo. Otra de las reivindicaciones es que las becas en el ámbito público y privado pasen a ser contratos.

Los científicos también lamentan, como señala Joan Guinovart, presidente de la COSCE, la reducción de los presupuestos dedicados a la investigación científica.

Según esta asociación, que engloba a 30.000 cientificos y 70 sociedades, el presupuesto empleado en I+D+I ha caído un 18%, y ha provocado que "la ciencia española esté gravemente enferma y pueda morir de inanición".

¿Qué cambia con la nueva ley de ciencia?

• Sustituye al texto vigente sobre la materia creado en 1986.
• Los investigadores predoctorales (becarios) tendrán contratos laborales; hasta la fecha no cotizaban, pero ahora lo harán desde el primer año.
• Para los investigadores que estén en un Contrato de Acceso, si superan las correspondientes evaluaciones será considerado a la hora de opositar a una plaza de personal laboral fijo (quedan por definir los baremos).
• Después de cinco años de investigación se convertirían en trabajadores indefinidos funcionarios, si pasan unas evaluciones -cuyos baremos no están definidos todavía- y si aprueban la oposición.
• Habrá más colaboración público-privada en la I+D+I y los investigadores podrán pasar a trabajar de una empresa privada a una pública sin problema.
• Se crea la nueva Agencia Estatal de Investigación que gestionará los fondos estatales destinados a la investigación.
• Se crea la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, un organismo para diseñar una estrategia común y optimizar recursos.