El juez del 'caso Palma Arena' confirma la fianza civil de 1,6 millones de euros para Jaume Matas

• El instructor desestima el recurso del expresidente del Gobierno balear
• Le impuso la fianza por contratar a Calatrava para el palacio de la ópera
• El juez acaba también la instrucción sobre la contratación de Alemany

El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha confirmado la fianza civil de 1,6 millones de euros que impuso al expresidente balear Jaume Matas (PP) hace dos semanas por la contratación del arquitecto Santiago Calatrava para realizar un proyecto de palacio de la ópera en Palma.

En un auto notificado este miércoles, el juez desestima el recurso de reforma interpuesto por la defensa de Matas contra la fianza dictada por el propio Castro, sobre la que se tendrá que pronunciar ahora la Audiencia Provincial en apelación.

La fianza fijada por Castro responde a la cantidad que le costó al Govern balear el anteproyecto que hizo Calatrava en la legislatura pasada, de 1,2 millones, más el obligado tercio de este montante, un proyecto que según la Fiscalía se tramitó de manera irregular por medio de un concurso cuando estaba adjudicado de antemano por decisión de Matas.

El expresidente se justificó ante el juez diciendo que la contratación del arquitecto fue una decisión política, argumento que ha usado su defensa, ejercida por Rafael y Salvador Perera, para recurrir la fianza.

El juez desmonta en su escrito esta tesis y afirma que la actuación de Matas "no fue un acto de gobierno" y que el expresidente actuó como Administración, por lo que sus acciones están sometidas a "control jurisdiccional".

Concluye la instrucción de la primera pieza

El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha concluido también este miércoles la primera instrucción de una de las 25 piezas en que está dividida esta causa de supuesta corrupción, en concreto la relativa al periodista Antonio Alemany y en la que también está imputado el expresidente balear Jaume Matas (PP).

En un auto notificado este viernes, el juez pasa a procedimiento abreviado -lo que supone el fin de la instrucción- la pieza sobre Alemany, en la que se indaga un supuesto trato de favor hacia el periodista.

Según el auto del juez, Alemany supuestamente cobró del Govern balear de forma fraudulenta unos 4.500 euros mensuales por escribir los discursos de Matas y recibió también del Ejecutivo una subvención supuestamente irregular de casi 450.000 euros para poner en marcha una agencia de noticias.

Aparte de Alemany y Matas, en su auto el juez cita como imputados a la que fue directora de gabinete de Matas, Dulce Linares; a la ex directora general de la televisión autonómica IB3 María Umbert, que también fue jefa de gabinete de Matas; al director de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero, y al ex director general de Comunicación Joan Martorell.

A todos ellos les imputa los delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial y mercantil.

El juez divide los hechos que considera constitutivos de delito en cuatro partes, relativas a diferentes actuaciones supuestamente fraudulentas.

Los discursos de Matas escritos por Alemany

Una de ellas se refiere al pago a Antonio Alemany por parte del Govern de los discursos de Matas, el cual no se hizo directamente a Alemany, sino a través de la agencia de comunicación Nimbus, de Miquel Romero, quien hizo un "favor personal" a Matas facturando este dinero por otros conceptos cuando daba el dinero a Alemany.

Según el juez, Alemany era "amigo personal" de Matas, redactaba algunos de sus discursos, preparaba sus entrevistas, era su "asesor político en la sombra" y además ejercía de "fervoroso cronista de todas sus intervenciones, incluidas aquellas que él mismo redactaba".

El auto indica que tanto Matas como Alemany no querían "por razones de conveniencia" que quedara constancia formal de que el periodista hacía esta labor y por ello el expresidente del PP pidió a Romero que facturase por él a cambio de una comisión del 5 % por sus gestiones.

De esta manera, se adjudicó a Nimbus en 2003 un concurso de consultoría en materia de información y medios de comunicación, que fue "adornado", según Castro, por María Umbert, entonces jefa de gabinete de Matas, Dulce Linares, y Joan Martorell.

El procedimiento de contratación fue, según el juez, un "simulacro" para que el dinero acabara en manos de Alemany, quien supuestamente cobró de Nimbus un total de 197.443 euros entre 2003 y 2007 por los servicios prestados a Matas facturando a la agencia de comunicación este dinero por conceptos inexistentes.

Puesta en marcha de la Agencia Balear de Noticias

El segundo hecho que analiza el juez es una subvención por 449.774 euros concedida en 2006 a Alemany para poner en marcha la Agencia Balear de Noticias (ADB), cuando la mayor parte del dinero, según el juez, lo invirtió en pagar el periódico digital Libertad Balear, en cuya creación estaba interesado Jaume Matas.

Castro sostiene que esta subvención fue realmente un "medio de financiación" del periódico, el cual debía servir "de favorable resonancia a las decisiones de la acción de gobierno" de Matas.

Además, el juez analiza en su escrito la facturación supuestamente doble de dos discursos de Matas elaborados por Alemany, el de investidura en 2003 y el del Estado de la Autonomía, que el periodista cobró dos veces, mediante el contrato de Nimbus y directamente del Govern.

Finalmente, el auto describe un cuarto hecho presuntamente objeto de delito: el pago del Govern a Alemany de 11.550 euros mediante un contrato menor para elaborar unas entrevistas y reportajes para prensa deportiva de los que no hay constancia.

Tras este auto, en el que el juez archiva la causa para dos sobrinos de Alemany, la Fiscalía y la acusación del Govern deberán presentar sus escritos de acusación y pedir la apertura de juicio, o bien el sobreseimiento de la causa.