El Supremo examinará la legalidad de Sortu en vista pública el próximo 21 de marzo

• El Alto Tribunal acepta la petición que había realizado la Fiscalía
• En la vista podrán estar la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Sortu
• Se espera una decisión definitiva sobre Sortu a finales de marzo

Los promotores de Sortu (de izquierda a derecha): María Jesús Vélez, Xabier Artola, Rakel Jausoro, José Mari Compains, Karmele Agirregabiria, Iñaki Zabaleta, Maider Etxebarria, Edu Brugos, Esther Hernandorena y Sonia Respladiza.

La Sala del 61 del Tribunal Supremo examinará en vista pública el próximo lunes las demandas interpuestas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado en las que piden que se prohíba la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos.

El Supremo ha citado a las partes el 21 de marzo. En la vista se presentarán las pruebas y ese mismo día los 16 jueces decidirán qué pruebas admiten y cuáles no.

Aquellas que se admitan se practicarán en la jornada, lo que quiere decir que declararán los testigos propuestos por cada parte, y que sean admitidos por la sala.

El propio 21 de marzo se realizarán las conclusiones de cada parte y se espera una decisión final del Tribunal Supremo sobre Sortu a finales de marzo, entre los días 27 y 28.

El magistrado Carlos Lesmes -expresidente en funciones de la Audiencia Nacional- será el instructor de la resolución.

Sortu pide su legalización

Frente a Fiscalía y Abogacía, las alegaciones del nuevo partido de la izquierda abertzale, Sortu, que asegura que su legalización "acelerará" la desaparición de ETA,  ya que sus estatutos suponen "la estrangulación definitiva de cualquier  espacio social y político" para quienes practican la violencia.

"Los estatutos de Sortu y su legalización conducirán al fin de la violencia en el País Vasco y en el Estado,  porque suponen la estrangulación definitiva de cualquier espacio social  y político para que quienes la practican puedan continuar con su  actividad, y cualquiera que sea el proceso de su desaparición es  evidente que ésta se acelerará", señalan las alegaciones.

Así  lo recoge el escrito de 245 folios registrado en el Alto  Tribunal y redactado por los abogados Íñigo Iruin y Adolfo Araiz, que  concluyen pidiendo al Supremo que desestime las demandas presentadas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía y ordene al Ministerio del Interior la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos.

Fiscalía y Abogacía creen que es Batasuna

Ambas peticiones de ilegalización fueron aceptadas por el Supremo. En la de la Fiscalía se aseguraba que la nueva formación ha surgido "en el seno y a la sombra" de Batasuna, en un proceso tutelado por ETA, con el fin de concurrir a las elecciones.

Por su parte, la Abogacía argumenta con cinco puntos clave que el rechazo de Sortu a la violencia no implica que no sigan vinculados al complejo ETA-Batasuna y que este partido es sucesión y continuación de Batasuna y no debe ser legal.

En  el documento se explica que lo que se pretende no es dar razones de la  actividad de Sortu por las que debería ser ilegalizada (puesto que es  una formación de nueva creación), si no para la demostración de la "existencia de una relación de sucesión o continuidad" con Batasuna.