El Gobierno logra el respaldo del Consejo de Estado para prohibir los anuncios de prostitución

• El Consejo de Estado considera "plausible" prohibir los anuncios de prostitución
• El órgano plantea extender esta restricción a las televisiones e internet
• El Ejecutivo, "satisfecho" con el informe porque "avala" la posición del Gobierno
• El Gobierno buscará el "máximo consenso" de grupos y medios para prohibirlos

El Consejo de Estado respalda al Gobierno en su intención de prohibir los anuncios de prostitución

El Gobierno ha anunciado que estudiará las distintas opciones planteadas por el Consejo de Estado sobre la posibilidad de prohibir  los anuncios de prostitución en la prensa a través de una ley específica y, con este fin, establecerá un calendario para contar con el "máximo consenso" tanto de los grupos políticos como de los medios de comunicación.

Este lunes, el Consejo de Estado señaló en un informe que considera "plausible prohibir o, al menos, limitar severamente" los anuncios de prostitución en la prensa y que ve "conveniente" plantearse extender esta restricción a las televisiones e internet.

Es su respuesta a la petición que le hizo en mayo de 2010 el Ministerio de Igualdad para que analizara "las posibilidades de actuación contra anuncios de contenido sexual y prostitución publicados a diario" en medios escritos.

Análisis del Consejo de Estado

Para el órgano consultivo, la prostitución es un fenómeno que tiene especial incidencia en el ámbito femenino y los anuncios publicados están referidos en su mayor parte a la prostitución femenina.

"Unos contienen textos y otros, además, imágenes, pero siempre ofrecen la prestación de servicios sexuales. En la mayoría de ellos, cualquiera que sea su contenido y forma, las mujeres se convierten en un objeto de consumo, asumiendo dicho rol", recoge el texto, publicado en la web del Consejo.

A juicio de la institución, la autorregulación no ha funcionado, la regulación vigente resulta "insuficiente" y el mejor mecanismo para regular la prohibición de los anuncios sería una disposición con rango de ley diferenciada.

Alcance de la medida

El Consejo de Estado considera que corresponde al Gobierno determinar el alcance de la prohibición de publicar anuncios de prostitución. Esta puede comprender a toda la prensa escrita o sólo a una parte de ella, la denominada prensa escrita de información general o generalista.

"Ceñirla a este último supuesto -toda vez que es la que mayor alcance y difusión tiene y a la que tienen acceso comúnmente los menores- plantea un problema de determinación del ámbito de la prohibición casi insoluble habida cuenta, de una parte, de la ausencia de un concepto jurídico de "prensa generalista" y, de otro, lo impreciso de su noción en el ámbito periodístico y sociológico", ha señalado el Consejo.

El órgano añade que, aunque excede del ámbito del encargo recibido -que se ciñe a la posibilidad de prohibir los anuncios de prostitución en la prensa escrita, aprovecha para apuntar "la conveniencia de ponderar la extensión de dicha prohibición a otros medios en el caso de que se estableciere aquella".

Satisfacción en el Ministerio

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad estudiará las opciones planteadas por el Consejo y ha mostrado su satisfacción ante las conclusiones de este organismo consultor ya que, ha asegurado en un comunicado, "avala la posición del Gobierno respecto a la necesidad de erradicar los anuncios de  prostitución en prensa".

"El Consejo de Estado confirma en su informe los planteamientos expresados a este respecto por el presidente del Gobierno, el  Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y los grupos parlamentarios en el Congreso, recogidos a su vez en el Plan contra  la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual", ha sostenido el Ministerio de Leire Pajín.

Según Política Social e Igualdad, el informe recoge que la autorregulación se ha mostrado insuficiente pese a las iniciativas  impulsadas por los poderes públicos y aboga por "una regulación específica, dado que la legislación vigente no es suficiente para  proceder a esa prohibición".

A su vez, la secretaria de Políticas de Igualdad del PSOE, Soledad Cabezón, ha señalado en una nota que por intereses económicos "no podemos mirar para otro lado cuando se trata de derechos humanos".