El Gobierno quiere que la mayoría de los docentes se jubilen a los 67 años

• Tendrán que trabajar dos años más para cobrar el 100%
• No se les aplicará la reciente ampliación del período de cálculo de la pensión

El Gobierno ha propuesto a los sindicatos de la función pública elevar a 67 años la edad de jubilación de los funcionarios del régimen de clases pasivas del Estado, que encuadra a la mayoría de los funcionarios docentes, y "armonizar" así dicho régimen con el general de la Seguridad Social.

Así consta en un documento de cinco páginas al que fue entregado este miércoles a los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para comenzar la negociación que tramite un nuevo anteproyecto de Ley.

Según esta propuesta, la reforma de las pensiones afectaría a los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) y sobre todo de la Enseñanza, ya que quedarían excluidos los empleados de la Administración de Justicia, de las Fuerzas Armadas y, probablemente de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.

Así, serían cerca de 650.000 funcionarios, del total de 998.000 de clases pasivas, los que cambiarían de régimen.

Dos años más para poder cobrar el 100% de la pensión

El informe presentado por el Ejecutivo propone, además elevar la edad de jubilación, ampliar de 35 a 37 años el número de años para poder cobrar el 100% de la pensión, y modificar, de forma armónica y transitoria, la tabla de porcentajes que se aplica al denominado "haber regulador" para cobrar la pensión, con el fin de que la "incidencia de la nueva tabla sea mínima en las inmediatas generaciones de pensionistas".

Y es que el cálculo de la pensión de los funcionarios de clases pasivas no se realiza sobre tablas salariales sino sobre otros parámetros llamados "haberes".

Asimismo, se regularía el acceso a la jubilación anticipada a partir de los 65 años si se acredita un periodo de servicios efectivos al Estado igual o superior a 38 años y 6 meses, sin ningún tipo de coeficiente reductor.

Para el acceso a la jubilación a los 63 años se deberían acreditar 33 años de servicios al Estado, en este caso estaría vinculada a un coeficiente reductor del 1,87 % de la pensión por cada trimestre que adelante el retiro.

No tendrá incidencia la ampliación del período para el cálculo de la pensión

El importe de la pensión ha de ser superior al 12 % de la cuantía de la prestación mínima que correspondería percibir al interesado en función de su edad y situación familiar.

Se incluiría un período transitorio según el cual entre 2013 y 2021, los funcionarios podrían acceder a la jubilación voluntaria sin coeficiente reductor, siempre que cumpla la edad y acredite los años cotizados que se establecen de forma anual.

Sobre el cálculo de la pensión para determinar su base, la ampliación de este período de 15 a 25 años, que contempla la reforma de las pensiones, no tendría incidencia en las clases pasivas.

La propuesta del Ejecutivo sólo afectaría a los funcionarios integrados en las clases pasivas a partir de 31 de diciembre de 2010, fecha en la que ya no hay nuevas incorporaciones a este régimen.

Otras reformas que plantea el Ejecutivo en este paquete de medidas de "armonización" serían regular de forma expresa el accidente "in itinere", así como el cómputo de los días que integran el permiso por parto a efectos de las pensiones de jubilación.

Rechazo frontal de Comisiones Obreras

Pero el rechazo de los sindicatos a esa propuesta no se ha hecho esperar. El secretario de Negociación Colectiva de los Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Juan Carlos Rodríguez, ha descartado esa propuesta, ya que sólo traspasa los perjuicios del régimen de clases pasivas al general y no incluye las "ventajas".

Rodríguez ha urgido al Gobierno a reconducir su propuesta porque, ha puntualizado, la reforma del régimen de clases pasivas debe abordarse globalmente junto con otros temas como el desarrollo del Estatuto de los Empleados Públicos.

"No se puede permitir un planteamiento sesgado", ha advertido.

Según CC.OO., el Ejecutivo propone "la práctica desaparición de los actuales mecanismos de jubilación voluntaria" específicos del colectivo de funcionarios.

Rodríguez ha recordado que este colectivo -aunque puede jubilarse a los 60 años y con 30 de servicio- cobra un 30% menos de pensión que cualquier otro trabajador del régimen general, por lo que ahora el modelo "desequilibra" más la situación.

Para CC.OO., el Gobierno ha optado por intentar aplicar a los funcionarios solamente los aspectos más negativos del Régimen General de la Seguridad Social y no las ventajas. Por eso, exige la retirada del documento presentado por el Gobierno.

Por su parte, el secretario general de la Federación de los Servicios Públicos y para la Ciudadanía de UGT, Julio Lacuerda, ha declarado que todavía debe estudiar el documento a fondo antes de dar su opinión, aunque ya ha avanzado que "puede ser

negativa".