Garzón denuncia al Supremo ante el Tribunal de Derechos Humanos por su causa del franquismo

• Su procesamiento, alega, es una "clara amenaza a la independencia judicial"
• Garzón, que está suspendido, está procesado por supuesta prevaricación
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El juez Baltasar Garzón ha presentado una demanda contra el Supremo

El juez Baltasar Garzón ha denunciado al Tribunal Supremo ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por el proceso abierto contra él por el Alto Tribunal por un supuesto delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

En la demanda del magistrado, se expone que el Supremo ataca o perjudica la independencia de los jueces, la libertad de interpretación de la ley y, por lo tanto, al Estado de Derecho, al dejar indefensas a las víctimas.

Garzón ha presentado la denuncia a través de Interights, una organización especializada en litigio internacional de casos de derechos humanos con sede en Londres. El Partido Popular ha calificado esta decisión del juez como una "garzonada" más.

El magistrado está suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde el pasado mes de mayo por su investigación sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y posterior dictadura.

Actualmente está a la espera de juicio por un delito de prevaricación que, según la legislación española, permite procesar a jueces por emitir resoluciones injustas.

Según ha informado Interights en una nota, Garzón cree que su procesamiento es una "amenaza para la independencia de los jueces" y para su función de investigar la responsabilidad por crímenes sistemáticos y generalizados.

También alega que es una amenaza para la protección de las víctimas en su derecho a la justicia, la verdad y la reparación.

"España viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos"

En su denuncia del Tribunal Supremo ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el juez Baltasar Garzón alega que el caso penal abierto contra él en España viola varias de las obligaciones del país según el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Según el comunicado de Interights, entre estas obligaciones está la de proteger la independencia judicial y la de proteger a los individuos de procedimientos penales sin fundamento.

En concreto, el procedimiento de Baltasar Garzón "pone de manifiesto las violaciones de la obligación de no someter a los individuos a procesos penales injustos per se", de "someter a las personas a procesos solo sobre la base de normas penales claras y estrictamente aplicadas" y de "respetar la vida personal y el desarrollo profesional de los individuos y sus derechos a expresar opiniones judiciales".

Una "clara amenaza" a la independencia judicial

Según expone Interights, el procedimiento de Baltasar Garzón por la causa del franquismo es un "enjuiciamiento injustificable de un juez por veredictos razonados de forma cuidadosa, y como respuesta a su intento de impartir justicia a las víctimas de las atrocidades del franquismo".

En su demanda contra el Supremo en el Tribunal de Estrasburgo, Baltasar Garzón alega que su procesamiento "tiene múltiples repercusiones y representa una clara amenaza a la independencia judicial y a la función de los jueces a la hora de garantizar la responsabilidad por supuestos crímenes sistemáticos y generalizados".