El Gobierno envía al Parlamento la reforma de las pensiones

• No introduce apenas variaciones respecto al anteproyecto aprobado en enero
• El programa de afloramiento de empleo sumergido "no incluirá amnistías"

El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley para la reforma de las pensiones

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley de reforma de las pensiones, que no presenta apenas novedades respecto al inicial anteproyecto de ley aprobado el pasado enero. El proyecto pasa así al Parlamento, que deberá debatir las enmiendas presentadas por los grupos y someterlo a votación.

Esta reforma recoge, entre otras medidas, elevar a 67 años la edad de  jubilación y aumentar el número de años para calcular el importe de la  pensión.

El proyecto de ley es resultado de las modificaciones introducidas después de la ronda de negociaciones llevada a cabo entre el Gobierno y los partidos políticos. También incluye "entre un 70% y un 80% de las recomendaciones" del Consejo Económico y Social (CES), según ha señalado el Ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Entre esas variaciones, Valeriano Gómez ha destacado dos: se reconocen a "mujeres y a varones" los nueve meses de cotización por el tiempo que se deje de trabajar para cuida a un hijo (el máximo por varios hijos será de dos años), y se amplía a los investigadores la cobertura de las lagunas de cotización -definidas en principio para becarios-, aunque sus funciones no estén "directamente remuneradas".

La reforma de pensiones "más amplia de la historia"

Gómez ha destacado que esta reforma de pensiones es "una reforma amplia, como ninguna otra en la historia de España, equilibrada y con un impacto que no comenzará a notarse hasta dentro de algún tiempo".

Se prevé que la reforma entre  en vigor en 2013 y que la introducción de todos los cambios se complete en  2027. A partir de esa fecha, cada cinco años se revisarán los parámetros del sistema para incluir la evolución de la esperanza de vida. Sobre ese aspecto, Gómez ha apuntado que la esperanza de vida será el factor que se analizará cada año para "desencadenar" la revisión.

Si hay un cambio en este aspecto, se tendrán en cuenta otras variables para decidir en qué medida cambia el acceso a la jubilación, como la tasa de fecundidad o la de empleo. No obstante, el ministro ha advertido que no existirá un mecanismo fijo, sino que las modificaciones deberán negociarse en el diálogo social.

Este proyecto de ley surge también del acuerdo alcanzado a finales de febrero entre el Gobierno y los agentes sociales.  Después de que los sindicatos amenazaran al presidente, José Luis  Rodríguez Zapatero, con una nueva huelga general  si decidía retrasar la  jubilación más allá de los 65 años, y tras  varias reuniones  maratonianas, UGT, CC.OO. y CEOE lograron acercar posturas con el  Ejecutivo.

Trabajo: el Parlamento lo aprobará "sin ningún cambio sustancial"

Una vez en el Congreso de los Diputados, el proyecto de ley podrá cambiarse a través de enmiendas. Tras su aprobación en primera lectura en la Cámara Baja, el texto se remitirá al Senado,  donde también podrán incluirse nuevas modificaciones.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han señalado a Europa Press que el  proyecto de ley será aprobado por las dos Cámaras casi "con toda seguridad" sin "ningún  cambio sustancial".

Finalmente,  deberá aprobarse definitivamente en el Congreso, algo que el Ejecutivo  calcula pueda suceder el próximo junio.

Ante la tramitación parlamentaria, CC.OO. y UGT han pedido a los partidos políticos -especialmente al PP y a las fuerzas de la izquierda, muy críticas con  la jubilación a los 67 años- que se sumen al acuerdo social alcanzado  con el Gobierno después de que, en su opinión, hayan conseguido durante la negociación  "neutralizar, reconducir y reorientar" las medidas que pretendía  imponer el Ejecutivo.

La reunión ha estado presidida por el vicepresidente primero  del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya que el jefe del Ejecutivo,  José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentra en Bruselas participando en  el Consejo Europeo de primavera. Allí ha anunciado nuevas medidas económicas para mejorar el control del déficit público, propuestas que no implican nuevos recortes.

Los incentivos para que aflore empleo sumergido "no serán amnistías"

Preguntado sobre el plan anunciado en Bruselas por el presidente de Gobierno para conseguir que aflore el empleo sumergido, el ministro de Trabajo ha advertido que los incentivos que se ofrezcan a las empresas para que regulen a sus trabajadores "no serán amnistías".

"En España, la legislación no hace fácil ese tipo de procesos, pero ayudaremos para que se regularicen ese tipo de situaciones. Por ejemplo, se puede dar más tiempo para que se realice el pago de las deudas acumuladas. Lo que queremos es que aflore trabajo no declarado", ha explicado Valeriano Gómez.

Según ha declarado, "se trata de abrir un período donde sea posible regularizar la situación. Y el Estado ayudará a que eso se produzca".

"Pero pasado ese período, nuestro planteamiento es que esos comportamientos irregulares sean sancionados. El empleo irregular debe ser sancionado y, probablemente, con una sanción más dura de la contemplada ahora", ha adelantado Gómez.

Ha puntualizado que el programa, centrado en un "mayor control" de las prácticas laborales, además de mejorar las cuentas públicas, tiene como objetivo lograr extender las condiciones dignas de trabajo.

Sin embargo, no ha querido dar más detalles del proyecto que prepara el Gobierno -y que, ha dicho, "está muy avanzado"- porque "es importante guardar las formas en el diálogo social" y "serán los agentes sociales los primeros en conocer su contenido".