El Gobierno retira su propuesta de elevar a 67 años la jubilación de los docentes

• A cambio, abre un proceso de negociación con los sindicatos
• Se busca adaptar la reforma de pensiones a las clases pasivas

El Gobierno ha retirado su propuesta de retrasar a los 67 años la edad de jubilación a los docentes y a otras catergorías incluídas en el régimen general de clases pasivas -por el que cotizan los funcionarios-, y ha decidido "abrir un proceso de reelaboración" y de negociación con los sindicatos de la función pública, ha informado este martes CC.OO.

El secretario de acción sindical y seguridad social de la Federación de Servicios para la Ciudadanía de CC.OO., Raúl Olmos, ha explicado a EFE que la propuesta para la adaptación de la reforma de las pensiones a las clases pasivas era "sesgada" y "olvidaba" mejorar la contributividad de este colectivo para cobrar su pensión.

La Secretaría de Estado para la Función Pública suspendió el lunes la reunión que había convocado con UGT, CC.OO. y CSI-CSIF para tratar el anteproyecto de ley de armonización del régimen de clases pasivas al régimen general y que contemplaba la elevación de la edad de jubilación a los 67 años para cerca de 650.000 empleados de la Administración General del Estado.

Según CC.OO., el Pacto Social y Económico firmado por el Gobierno con los sindicatos y las patronales contempla el compromiso de negociar conjuntamente tres aspectos de la función pública: la modificación del régimen de clases pasivas, el desarrollo del Estatuto Básico del empleado público, y la recuperación del acuerdo de septiembre de 2009, por el que el Gobierno se comprometía a mantener el poder adquisitivo de los trabajadores públicos.

La semana pasada, el Gobierno envió a los sindicatos una propuesta que afectaba sobre todo a los docentes no universitarios, y de la que quedaban excluidos los magistrados, las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Según esa propuesta, cerca de 650.000 funcionarios -del total de 998.000 de clases pasivas- cambiarían de régimen y se adaptarían al régimen general de la Seguridad Social.

Iguales condiciones para los empleados públicos

Olmos ha recordado que las clases pasivas son un régimen que se acabará extinguiendo, pero que su modificación debe basarse en dos premisas: que la integración en el régimen general sea para el conjunto de los empleados públicos y que se haga en las mismas condiciones que el resto de trabajadores.

Ha explicado que los funcionarios no cobran la pensión según la cotización real, sino que se calcula según un "haber regulador" que es "muy inferior", lo que supone una menor cuantía de la prestación por jubilación.

"CC.OO. es consecuente con la reforma de las pensiones, pero en toda su extensión, sin olvidar mejorar la contributividad de los empleados públicos", ha indicado, tras recordar que el período de cómputo para el cálculo de la pensión en esos casos es de toda la vida laboral y no de 25 años, como estipula la actual reforma de pensiones.

Sobre la necesidad de que los colectivos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional se mantengan fuera del régimen general, Olmos ha reconocido que el trabajo de estos empleados "no es el mismo" que el de otros funcionarios y que así debería quedar recogido en el régimen general.

Por su parte, la Federación de Servicios Públicos de UGT ha valorado en un comunicado que la administración haya "pospuesto" la reforma de las clases pasivas para hacer una adecuación "más solvente y equitativa" de los distintos regímenes.

Según el sindicato, el rechazo y la disconformidad de los sindicatos a este anteproyecto ha llevado al Ejecutivo a "abrir una reflexión" sobre el alcance y el contenido del conjunto de medidas que afectan a la función pública y que, según UGT, deben negociarse de forma global.

En el mismo sentido, CSI-CSIF ha añadido en otro comunicado que la oposición sindical ha "forzado" al Gobierno a replantearse la propuesta de medidas armonizadoras". También ha recordado su negativa a ser "cómplices" de la ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años pactada por CC.OO. y UGT para los trabajadores del Régimen General de Seguridad Social.