El juez Ruz interrogó a los representantes del Gobierno en las reuniones con ETA de 2006

• El magistrado ha levantado parte del secreto del sumario
• El juez Ruz preguntó al Gobierno si tenía sus propias actas

Polémica creada en torno a las llamadas actas de ETA

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogó entre los pasados 31 de enero y 22 de marzo a los cuatro representantes del Gobierno en las reuniones mantenidas con ETA en 2006, incluida la que tuvo lugar el 22 de junio de ese año, dos días después de la detención del dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosua.

Así se desprende del auto en el que el magistrado de la Audiencia Nacional ha acordado este martes levantar el secreto sobre la comisión rogatoria remitida a su Juzgado por la juez francesa Laurence Le Vert, que incluía las actas redactadas por la banda terrorista con el contenido de sus contactos con el Ejecutivo.

Según la resolución, el juez preguntó el pasado mes de enero al Gobierno si levantó sus propias actas de esas reuniones, le pidió una copia de las mismas en caso de que así fuera y le solicitó que identificara a sus representantes en esos encuentros, "informando al mismo tiempo sobre las responsabilidades públicas o cargos oficiales que ostentaran" para tomarles declaración como testigos.

Esas comparecencias, en las que los representantes gubernamentales, identificados en las actas de ETA intervenidas a Francisco Javier López Peña, 'Thierry', se celebraron los días 31 de enero, 2 y 3 de febrero y 22 de marzo. Según esas actas redactadas por ETA y a las que han tenido acceso diversos diarios, representantes del Gobierno lamentaron las detenciones en el caso Faisan y dijeron que estaban dispuestos a mantener abiertos los contactos con ETA después de la explosión de la T-4 si no había atentados. Esta versión de la banda terrorista ha desatado la polémica entre el Partido Popular y el Gobierno.

Las actas de ETA ven la luz

Su declaración tenía por objeto aclarar si en la reunión del 22 de junio, celebrada "a presunta petición" de ETA,  los enviados del Ejecutivo "habrían vertido determinadas manifestaciones en respuesta a recriminaciones por parte de la organización terrorista relativas a la práctica de detenciones y a determinados aspectos de la investigación judicial en curso".

Así, según las actas de ETA publicadas por varios diarios, los terroristas se habrían quejado ese día por la operación contra el aparato de extorsión de la banda frustrada el mes de mayo anterior por un "chivatazo" y llevada a cabo finalmente el 20 de junio.

"Es un accidente grave. No sé que deciros. Es algo que viene de hace dos años y es un asunto que viene del juez. Es un accidente importante y cuando lo escuché me irrité y entiendo que vosotros también lo estéis", habría contestado uno de los dos representantes del Gobierno.

Ruz pidió al Gobierno que informase de si el encuentro fue convocado a petición de la banda terrorista y "sobre los hechos que motivaron la celebración" del mismo, así como si intervino un intermediario y si éste redactó su propia acta, de la que también reclamó una copia en caso de que existiera, además de solicitar la identidad de los representantes de ETA en el encuentro.

España y Francia trabajan codo a codo

Además de a los enviados del Gobierno,  el magistrado ha interrogado como testigos a los que en 2006 eran director general, subdirector general operativo, jefe del Servicio de Información y jefe de la Unidad Central Especial de la Guardia Civil, así como al Comisario General de Información y subdirector general operativo de la Policía y al director de la Ertzaintza.

El pasado 21 de febrero, el magistrado tomó declaración en París a cuatro responsables policiales franceses que coordinaron la operación contra la red de extorsión de ETA dirigida por su compañero Fernando Grande-Marlaska y por la juez Le Vert.

Entre la documentación enviada por ésta figuran las declaraciones prestadas por los etarras Jon Yurrebaso y Kepa Mirena Suárez Ugarte, que tras ser detenidos el 29 de marzo de 2007 en Francia se identificaron como miembros del "aparato de negociación" de ETA y que tenían en su poder el número de teléfono del exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo, imputado en el caso Faisán.

Francia también remitió un informe fechado el 16 de mayo de 2005, intervenido al presunto negociador etarra Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, sobre una "reunión preparatoria entre miembros de la banda, un grupo de intermediarios y un representante del Gobierno español con vistas a preparar los posteriores encuentros en el marco del proceso de negociación" entre el Gobierno y ETA.