La Junta niega las actas de sus reuniones a la jueza que instruye el caso Mercasevilla

• La Junta considera que es una solicitud "inédita en el orden constitucional"
• Entregarlas, aseguran, sería "vulnerar la Ley de del Gobierno" autonómico
• Ofrecen a la jueza alternativas para conocer "idéntica información"
• Fiscalía Anticorrupción asume la investigación sobre las irregularidades

La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno, Mar Moreno, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este  martes no remitir las actas de sus reuniones de los últimos diez años  que le ha reclamado en un auto la titular del Juzgado de Instrucción  número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en el marco de la investigación  sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de  empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica.

La decisión la sustentan en que creen que se trata de un requerimiento "indiscriminado" que  "vulneraría la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma", que  acredita su carácter "reservado".

Así lo ha anunciado la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, en  la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de  Gobierno. También ha explicado que la Junta ha acordado ofrecer a  la magistrada "vías alternativas" para conocer "idéntica información"  a la demandada a través de la "certificación de acuerdos o informes  concretos" adoptados por el Consejo de Gobierno sin desvelar el  contenido íntegro de las actas, lo que permitiría no vulnerar la Ley  del Gobierno.

Tras señalar que esta solicitud de la magistrada es "inédita en el  orden constitucional español", Moreno ha indicado que, "en el caso  improbable de que el Juzgado no acepte estas vías alternativas", la  Junta formulará un "requerimiento de incompetencia" ante el Tribunal  de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo.

"La juez y la Junta están montados en el mismo barco"

"La juez y la Junta están montados en el mismo barco", ha sentenciado Moreno, que, sin embargo, ha explicado con anterioridad que la petición de la magistrada sobre las actas del Consejo de Gobierno afecta al ámbito competencial del Ejecutivo, cuyas competencias son "irrenunciables y deben ser defendidas en base a principios del derecho, la Constitución y la separación de poderes".

Según los servicios jurídicos de la Junta, la potestad de hacer públicas las actas es "exclusiva" del Ejecutivo andaluz y la "inédita" solicitud de la juez supone un "claro conflicto de poderes".

"La remisión de las actas de forma generaliza no es legal, va más allá de lo razonable y atenta contra la potestad y la ley del Gobierno de la Junta", ha esgrimido Moreno, quien ha pedido a la juez Mercedes Alaya que reconsidere la petición "generalizada".

La Junta, por tanto, está dispuesta a entregar certificados de todos los acuerdos e informes que solicite el juzgado relacionado con el caso "sin ningún tipo de límites", un aspecto que la portavoz ha recalcado al rechazar que se pretenda ocultar datos ni dilatar la investigación en el resto de procedimiento.

"Ofrecemos otra vía alternativa que no incumpla la ley del Gobierno si se levanta la reserva sobre las actas pedidas sin motivación y absolutamente discriminada", ha criticado.

La Fiscalía asume la investigación

La Fiscalía Anticorrupción ha asumido la investigación sobre las  irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo  (ERE) tramitados por la administración autonómica, según han  informado fuentes del Ministerio Público.

En este sentido, las mismas fuentes han precisado que, de este  modo, será el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla, Juan  Enrique Egocheaga, quien asuma la investigación de las presuntas  irregularidades cometidas en distintos ERE, entre ellos los de  Mercasevilla correspondientes a los años 2003 y 2007, causa que  instruye el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Hay que recordar que el fiscal Juan Enrique Egocheaga se encarga  del caso Mercasevilla en sus distintas vertientes, como son el  presunto intento de cobro de comisiones ilegales, la venta  "fraudulenta" de los suelos del merca y el presunto delito  societario.