La Junta de Andalucía ratifica su negativa a dar a la juez las actas de Gobierno por los ERE

• Se ha ofrecido a enviarle "toda la información relevante" para la causa

La Junta de Andalucía ha ratificado este lunes ante la juez que investiga las presuntas irregularidades en los ERE su negativa a entregarle todas las actas desde 2001 de los consejos de Gobierno, por el "carácter reservado" de parte de ellas, y se ha ofrecido a enviarle "toda la información relevante" para la causa.

Fuentes de la Junta han informado de que, tras la petición hecha el pasado viernes por la juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, un miembro de sus servicios jurídicos ha ratificado en persona ante la magistrada "los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno andaluz en su reunión del pasado martes 29 de marzo".

Entre ellos, según han afirmado las fuentes de la Junta, figuraba ofrecer al juzgado de instrucción "vías jurídicas alternativas" ante "la imposibilidad legal de remitir todas las actas del Consejo Gobierno", con carácter "general e indiscriminado", como ya anunció el pasado martes la consejera de la Presidencia, Mar Moreno.

La Junta ofrece "alternativas"

Tras acudir a la hora fijada, las 13.30, en respuesta a dicho requerimiento, este letrado de la Junta ha sido llamado por la juez una hora después a su despacho, donde ha ratificado esos acuerdos del Gobierno andaluz en una comparecencia que ha durado sólo cuatro minutos, tras lo que ha abandonado los juzgados sin querer atender a los medios de comunicación.

El representante jurídico de la Junta ha reiterado a la juez ese ofrecimiento de "cauces alternativos que permitan enviar toda la información relevante para la instrucción judicial sin violar la Ley del Gobierno de Andalucía", según las fuentes, que han indicado que desconocen por el momento la decisión que adoptará la magistrada.

El artículo 31.1 de la Ley del Gobierno de Andalucía recoge que "los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos".

Las fuentes han precisado que "en el caso de que la juez no considere las vías alternativas ofrecidas", la Junta mantendría su "requerimiento de inhibición por carecer el juzgado de jurisdicción para levantar el carácter reservado de parte del contenido de las actas".