La juez da 72 horas a la Junta para que deposite cautelarmente las actas de Gobierno por los ERE

• Las actas del Gobierno estarían en un sobre precintado en el tribunal
• La Junta de Andalucía ha anunciado que se está estudiando la petición

La juez que investiga el caso de los presuntos ERE irregulares ha dado tres días a la Junta para que deposite de forma cautelar las actas de los Consejos de Gobierno de los últimos 10 años.

En un auto la juez vuelve a reclamar esos documentos que la Junta se niega a darle y pide que se le entreguen "para su custodia" en un sobre debidamente precintado. Advierte además al Gobierno andaluz de que podría incurrir en un posible delito de obstrucción a la Justicia si no lo hace.

La Junta de Andalucía ha anunciado que sus servicios jurídicos están  estudiando ese requerimiento y que, en principio, no ponen reparos a la entrega de esas  actas "lacradas".

Petición de la juez

La instructora requiere a  la Junta para que, a través de su  representación legal, remita en el  plazo de tres días al Juzgado "para  su custodia" copia compulsada o  testimonio de las actas de los Consejos  de Gobierno citados, que  "deberán ser remitidas en sobres cerrados o  lacrados o con los  precintos que se consideren convenientes, los que  quedarán  depositados en el Juzgado hasta tanto se resuelva el conflicto   planteado, con el apercibimiento de que, de no verificarlo, podría   incurrirse en un delito de quebrantamiento de medida cautelar".

Al hilo, la juez decide que, en virtud del artículo 31 de la Ley  6/2006  de 24 de octubre del Gobierno de la Comunidad Autónoma de  Andalucía,  "no tendrán que aportarse los documentos presentados al  Consejo de  Gobierno que tengan carácter reservado", aseverando que  "si hubiere  actas en las que hipotéticamente se contuvieran  deliberaciones,  opiniones o votos, se suprimirán tales apartados,  manteniendo en tales  actas las conjugaciones de los verbos  -deliberar, opinar o votar-  utilizados en los apartados que, por su  carácter secreto, hayan de  suprimirse".

Asimismo, la juez dice que tal medida cautelar "se adopta con el  fin de  salvaguardar los fines de la investigación, es decir, para  evitar,  también en el terreno de las hipótesis, que pudieran  alterarse u  ocultarse partes relevantes de las actas del Consejo de  Gobierno hasta  tanto se dilucida el conflicto de jurisdicción".

La Junta estudia la petición

La Junta de Andalucía ha anunciado que sus servicios jurídicos están  estudiando ese requerimiento. Antes, y en dos ocasiones, había resuelto no  entregar a esas actas al considerar que se trata de  documentación reservada, esgrimiendo igualmente que la reclamación  promovida por la juez Mercedes Alaya no habría concretado con  exactitud qué actas o acuerdos son precisos para la investigación.

Requerida por la juez, la representación jurídica de la Junta ha  confirmado su posición ofreciendo "vías alternativas" para tener acceso a "idéntica información" a  través de la "certificación de acuerdos o informes concretos  relevantes para la investigación".

Los representantes jurídicos de la Administración autonómica,  además, han advertido a la juez de que, en caso de no  aceptar estas "vías alternativas", sería elevado un "requerimiento de  incompetencia" ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción,  adscrito al Tribunal Supremo, por considerar que la juez "carece de  jurisdicción en orden al levantamiento del carácter reservado de los  informes que incorporan las actas del Consejo de Gobierno, al ser  competencia exclusiva del Consejo de Gobierno la potestad de hacerlas  públicas".

La juez Mercedes Alaya ha acordado tener por solicitada  por la Junta la  inhibición del Juzgado por conflicto jurisdiccional y  da traslado de la  solicitud al Ministerio Público y a las demás  partes personadas en  este procedimiento para que se pronuncien en el  término de diez días.