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Imputan a nueve alcaldes de Huelva por un delito de malversación de caudales públicos

  • Son los primeros ediles de la Mancomunidad del Andévalo Minero
  • Ocho de los alcaldes imputados son del PSOE y uno, del PP
  • Los alcaldes reconocen el impago derivado de un problema de liquidez
  • Todos ellos confían en que la Justicia los exima de responsabilidad

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Un juzgado de Valverde del Camino (Huelva) ha imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos a los nueve alcaldes que forman parte de la Mancomunidad de Municipios del Andévalo Minero -ocho del PSOE y uno del PP- tras una denuncia presentada por la empresa malagueña Novasoft Ingeniería.

La juez que instruye el caso ha dictado una diligencia en la que se cita a declarar como imputados a estos nueve alcaldes entre el 4 de octubre y el 1 de diciembre de este año. Todos ellos han expresado su confianza en que la Justicia los exima de cualquier responsabilidad.

Los alcaldes imputados son los de Alosno, Cabezas Rubias, Calañas, El Cerro de Andévalo, Paymogo, La Puebla de Guzmán, Santa Bárbara de Casa y las entidades locales autónomas de Tharsis y La Zarza-Perrunal.

Teleasistencia al ciudadano

La denuncia fue presentada el 27 de julio de 2010 contra el presidente de la Mancomunidad y los alcaldes de los municipios que la componen y está relacionada con la adjudicación a Novasoft del contrato sobre prestación de servicios de teleasistencia al ciudadano.

La adjudicación se realizó por un importe de 468.097 euros en un contrato que se formalizó el 19 de mayo de 2007.

La implantación del sistema se llevó a cabo sin mayores complicaciones y la Mancomunidad de Municipios de Andévalo aceptó la finalización de los trabajos con fecha 28 de mayo de 2008.

No se pagó a la empresa

Los problemas, según se indica en la denuncia, surge en el momento de abonar el importe del contrato, ya que una vez finalizados y aceptados los trabajos realizados no se produjo pago alguno, pese a contar la Mancomunidad con una subvención de la Consejería de Innovación de 418.823 euros.

Novasoft sospecha que estos fondos hayan sido desviados a cualquier otro destino distinto a aquel para el que fueron concedidos y entiende que estas personas podrían haber cometido un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Fuentes de la Mancomunidad han precisado, que el impago por parte de la Mancomunidad responde a un problema de falta de liquidez que viene motivado por la difícil situación económica que, "afecta a las administraciones públicas y, sobre todo, a los ayuntamientos, máxime en aquellos municipios menores de 5.000 habitantes como es el caso de esta comarca, y a las mancomunidades".

Reacción de los alcaldes

La Mancomunidad ha considerado un "auténtico despropósito" que desde una empresa informática se vaya en contra de ayuntamientos de municipios tan pequeños como los de esta comarca que conforman la Mancomunidad, cuando "los alcaldes jurídicamente no tienen responsabilidad penal" y menos que se les acuse de un posible delito de malversación o de corrupción.

En este sentido, estas mismas fuentes han indicado que tienen confianza en que de las actuaciones judiciales que se lleven a cabo se ponga de manifiesto que "no existe responsabilidad alguna" por parte de los alcaldes.