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La policía francesa multa a una mujer con 150 euros por llevar velo integral

  • Este lunes se detuvo a tres mujeres que se manifestaban en París

El Consejo de Europa tacha la medida de "ataque a la libertad religiosa"

   

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Kenza Drider, con niqab, es detenida por la policía francesa tras atender a los medios delante de la catedral de Notre Dame, en París.
Kenza Drider, con niqab, siendo detenida por la policía francesa tras atender a los medios delante de la catedral de Notre Dame, en París, Francia, este lunes.

Una mujer ha sido sancionada este martes a las afueras de París con 150 euros de multa por llevar velo integral, un día después de la entrada en vigor de la ley contra el burka en Francia, que prohíbe llevar el rostro cubierto en los lugares públicos.

Según confirman a Efe fuentes policiales, se trata de una mujer de 27 años a la que la policía ha aplicado la nueva ley por llevar un velo integral (niqab) en la localidad de Les Mureaux, en el oeste de París.

La multa a esta ciudadana llega un día después de que tres mujeres fueran arrestadas frente a la catedral de Notre Dame de París, cuando protestaban ante los medios de comunicación por la entrada en vigor de la controvertida ley.

Los agentes tienen órdenes expresas del ministro del Interior, Claude Guéant, de no actuar con violencia contra las mujeres que infrinjan la ley y porten velo integral.

La ley prevé una multa de hasta 150 euros para quienes lleven esta prenda islámica, además de la imposición de cursos de ciudadanía a las que lo incumplan.

Más severamente se castigará a quienes impongan el uso del burka, que podrán ser condenados hasta a dos años de prisión y multas de 60.000 euros.

Aprobada hace seis meses

La ley, adoptada sin apenas oposición, fue aprobada hace seis meses, pero las autoridades decidieron implantar un periodo de prueba para explicársela a quienes llevan esta prenda.

Francia se convierte en el segundo país del mundo que prohíbe el burka, detrás de Bélgica.

La decisión cuenta con la oposición de asociaciones como Amnistía Internacional y del Consejo de Europa, que consideran que supone un ataque a la libertad religiosa.