La Fiscalía egipcia ordena el traslado de Mubarak a un hospital militar

El fiscal general egipcio, Abdel Meguid Mahmud, ha ordenado el traslado del expresidente Hosni Mubarak a un hospital militar, según la agencia oficial egipcia MENA.

La agencia, que no da detalles sobre la localización del centro hospitalario, asegura que Mahmud tomó esta decisión después de que el Ministerio de Interior informara de que el hospital de la prisión de Tora no tiene la equipación necesaria para atender al exmandatario.

Mubarak permanece ingresado desde el pasado martes el hospital civil de la turística ciudad de Sharm el Sheij, en la península del Sinaí, tras sufrir una crisis cardiaca cuando iba a comparecer ante la Fiscalía, que ordenó su detención y la de sus dos hijos un día después.

Por el momento su estado de salud es "estable y tranquilizador", según fuentes médicas.

Acusados de abuso de poder

El exmandatario y sus dos hijos, Alaa y Gamal, están acusados de abuso de poder y enriquecimiento ilícito, así como de estar implicado en el ataque contra los manifestantes durante la revuelta popular que forzó la renuncia de Mubarak como presidente, el 11 de febrero.

El fiscal también ha ordenado que durante la estancia del expresidente en el Hospital, Mubarak sea custodiado y pidió al equipo médico que le informe sobre la evolución de la situación para proceder a su envío a la prisión de Tora, en El Cairo, en cuanto su salud lo permita.

Mubarak, de 82 años, fue detenido el miércoles, al igual que Gamal y Alaa, que fueron trasladados a la prisión de Tora, donde están recluidos varios integrantes del Gobierno del anterior régimen, entre ellos el antiguo jefe de Gobierno Ahmed Nazif, y los exministros de Interior Habib el Adli y de Turismo Mohamed Zuhair Garana.

Pena de muerte

El diario gubernamental Al-Ahram ha asegurado este viernes, citando al presidente de la Corte de Apelación de El Cairo, Zakaria Chalachh, que Mubarak podría ser ejecutado si es declarado culpable de haber provocado la muerte de los manifestantes de manera premeditada.

Chalach ha asegurado que el testimonio del exministro del Interior de Mubarak, Habib al-Adli, puede ser determinante porque ha reconocido que el expresidente le dio la orden de utilizar la fuerza contra los manifestantes.

"Si eso se prueba, recibirá la misma pena que la persona que ha llevado a cabo la represión y el podría vivir una ejecución si se demuestra que los manifestantes pacíficos fueron asesinados con premeditación". Si no hay premeditación, será condenado a cadena perpetua. La pena es de tres a cinco años de prisión por los heridos.

Las investigaciones podrían durar al menos seis meses, según la televisión estatal que cita a un responsable de la Fiscalía, mientras que el proceso podría alargarse durante un año. Una comisión de investigación comenzará a interrogar a Mubarak y sus hijos durante las próximas semanas.