Las tres agencias internacionales de calificación, ante los tribunales españoles

• Varias asociaciones ejercen la acusación popular contra S&P, Fitch y Moody's
• Las acusan de alterar el precio de la deuda pública para su propio beneficio

Las tres grandes agencias llevadas a los tribunales controlan casi el 90% de su sector.

Con la misma convicción que el Quijote se lanzó a luchar contra lo que creía gigantes, varias asociaciones españolas de juristas y ciudadanos se han lanzado contra las tres grandes agencias internacionales de calificación de riesgos -Standard and Poor’s (S&P), Moody’s y Fitch.

El Observatorio de Derechos Económicos y Sociales (integrado por juristas), los colectivos ciudadanos ATTAC y SinPermiso, la Unión por las Libertades Civiles y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han presentado una querella criminal en la Audiencia Nacional en la que acusan a las tres empresas internacionales de “alterar el precio de la deuda pública en los mercados” y de utilizar información reservada “de forma ilegítima” para beneficio propio o de sus clientes.

“Lo que queremos es reconducir las cosas: unas cosas son las reglas del mercado y otras, las reglas penales. No todas las cosas que se están haciendo en las finanzas cumplen el Código Penal”, explica a RTVE.es Gonzalo Boye, uno de los abogados redactores de la querella.

Boye precisa que, hasta ahora, “estas agencias han visto normal manipular el precio de las cosas en su propio beneficio, y eso es delito”.

Como muestra de que las propias empresas son conscientes de sus irregularidades, Boye aporta un hecho: Moody’s trasladó fuera de España su domicilio social unos días antes de que se aprobase el nuevo Código Penal, que introduce los artículos ahora utilizados contra ella.

Primera denuncia en Europa contra el funcionamiento de las agencias

La denuncia presentada el 25 de febrero de este año –admitida a trámite por el juez Ismael Moreno- es la primera en España y en Europa, donde se ha visto seguida por otra similar iniciada la semana pasada en Portugal por un grupo de economistas.

En Alemania, las actuaciones judiciales contra estas empresas se limitan a una denuncia particular de un jubilado contra S&P, después de que perdiera 30.000 euros en un producto estructurado de Lehman Brothers calificado como seguro por la agencia.

La querella portuguesa comparte las mismas bases jurídicas que la española, y ambas se inspiran en las tres que siguen abiertas en Estados Unidos (en los estados de Ohio, Connecticut y California) y que cuentan con el respaldo de las fiscalías correspondientes. Sin embargo, allí las causas son diferentes porque “los delitos atribuidos son distintos”, reconoce Gonzalo Boye.

También se han sumado a la querella en España tres  formaciones políticas –Izquierda Unida, Esquerra Republicana de  Catalunya e Iniciativa per Catalunya-, que han acompañado esa acción con  la petición de comparecencia en el Congreso del gobernador del Banco de  España.

A su juicio, Miguel Ángel Fernández Ordóñez debe explicar por qué el  control sobre esas agencias en España se reduce “a una circular interna  de tres páginas”.

"Poner coto a la impunidad de los más fuertes"

Como indican en un artículo otros dos abogados participantes en la querella española –Jaume Asens y Gerardo Pisarello-, se trata de “poner coto a la impunidad de los más fuertes”, de esas tres agencias que se han convertido “en una espada de Damocles que pende sobre el erario público, los ahorradores y las clases populares”.

Estos juristas recuerdan que la actuación de S&P, Moody’s y Fitch antes, durante y después de la crisis financiera ya ha sido investigada por el Senado estadounidense y la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC. En esos procesos, las agencias arguyeron que sus informes son opiniones privadas, realizadas en ejercicio de su libertad de expresión, y que su influencia final solo depende del caso que les hagan los inversores.

Frente a eso, las autoridades de EE.UU. han mantenido que las tres han actuado sin rigor ni transparencia, y que se han beneficiado al utilizar de forma fraudulenta la información reservada de la que disponen por su función empresarial.

Ese es también el argumento de los querellantes españoles, que ven “indicios de peso” para pensar que los tres gigantes del rating “no actúan como simples periódicos económicos que emiten opiniones sobre la deuda pública”. Asens y Pisarello denuncian que “operan como una empresa que, abusando de su posición dominante en el mercado, fuerzan a los países a pagarles una opinión de relevancia pública, pero carente de toda objetividad e imparcialidad”.

Por eso, definen su querella como una iniciativa dirigida a “cuestionar la impunidad de una coalición oligopólica que se ha mostrado capaz de sacrificar en el altar de sus beneficios los derechos políticos y sociales más elementales de la población”.

Críticas oficiales de los organismos internacionales

Las críticas también llegan -con cuentagotas- desde los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Comisión Europea.

En su informe de 2010 sobre la “Estabilidad Financiera Mundial”, el FMI asegura que “estas agencias usan y abusan del poder que tienen”  y  “necesitan una supervisión más estricta porque sus actividades tienen un impacto significativo en los costos de endeudamiento de los países, pudiendo afectar su estabilidad financiera”.

Para evitarlo, el FMI recomienda que “las autoridades deberían continuar con sus esfuerzos para reducir su dependencia de las agencias de calificación y, cuando sea posible, remover o reemplazar las referencias a las calificaciones en las leyes y la regulaciones”.

Otro aspecto que la SEC ha tratado de impedir –pero sin conseguirlo por el momento- es que estas agencias sigan asesorando a sus propios clientes sobre las formas para mejorar su propia calificación.