Gómez: es "justo y razonable" que las empresas con beneficios costeen sus prejubilaciones

• El PSOE presenta la enmienda para incluirlo en la ley de políticas activas
• Afectaría a empresas con beneficios y más de 500 empleados

Valeriano Gómez: la enmienda de las prejubilaciones es una "compensación" a la sociedad

Las empresas con  beneficios que pretendan ajustar sus plantillas mediante prejubilaciones deberán compensar al Estado, que es quien paga las pensiones de esos trabajadores retirados antes de la edad oficial de jubilación. Ese cambio quiere ser ejecutado por el Gobierno a través de una enmienda presentada este miércoles por el PSOE al proyecto de ley de reforma de las políticas  activas de empleo.

Para el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ese nuevo requisito es "razonable, equitativo y justo" y, según ha garantizado, "no  afectará" a los derechos de los trabajadores.

"Se trata de que aquellas empresas con pérdidas puedan hacer  ajustes de plantilla con la ayuda del sistema de protección por  desempleo, pero que aquellas con beneficios no externalicen esos  costes al conjunto de la sociedad", ha precisado el ministro a los  periodistas.

Gómez ha admitido que esta pretensión del Gobierno es una "vieja idea" que busca que las empresas  que puedan financiar con sus propios recursos los ajustes, lo hagan  "compensando" al sistema público de protección por desempleo.

En la enmienda, el PSOE quiere que las grandes empresas de más de  500 trabajadores que -pese a haber tenido beneficios en los dos últimos años- realicen expedientes de regulación de empleo (ERE) que  afecten a trabajadores mayores de 50 años efectúen una "aportación  económica" a las arcas públicas para compensar el impacto que esas prejubilaciones supondrán al sistema de protección por desempleo.

Esta modificación llega después de que Telefónica anunciase a principios de este mes que recortará su plantilla en 6.000 trabajadores -la mayoría mediante prejubilaciones- y eso, después de confirmar que obtuvo unos beneficios de 10.100 millones de euros en 2010 y que incentivaría económicamente a sus directivos.