El plan de afloramiento del empleo irregular se aprobará este viernes junto a otras reformas

• Trabajo: se admitirán propuestas de los agentes sociales "si son razonables"
• Valeriano Gómez niega que se vaya a precarizar el mercado laboral

Los sindicatos quieren que se persiga el fraude fiscal de las empresas que no han declarado a la Seguridad Social

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha confirmado este miércoles que el próximo Consejo de Ministros aprobará por real decreto-ley el plan del Gobierno para aflorar el empleo sumergido.

El titular de Trabajo ha subrayado que no estaba previsto  que este proyecto del Gobierno fuera sometido a un "período de  negociación" con los interlocutores sociales. Lo que se acordó entre  todas las partes -ha precisado Gómez- era que la iniciativa  gubernamental se sometería a un "período de consultas".

En rueda de prensa, Gómez ha recordado que este miércoles acaba el plazo para que empresarios y sindicatos presenten sus alegaciones al segundo borrador del plan que les han entregado y que no ha gustado a ninguna de las partes. Unas propuestas que, según el ministro, si son "razonables, serán bien recibidas".

En palabras de Gómez, ese segundo borrador que les han entregado a las partes puede sufrir variaciones hasta el viernes.

Valeriano Gómez ha explicado que durante el diálogo mantenido sobre este plan con los agentes sociales ha habido "diferencias importantes", por lo que, "como siempre", el Gobierno intentará que el real decreto-ley sea "equilibrado".

Gómez: "no va a precarizar el mercado laboral"

El ministro ha descartado que con el plan se vaya a precarizar el mercado laboral, tal y como sostienen los sindicatos, que rechazan que los empleadores puedan regularizar a sus ilegales mediante contratos temporales de seis meses, tal y como se propone en el segundo borrador.

Gómez ha señalado que todavía no se ha determinado el plazo que tendrán los empresarios para dar de alta a sus trabajadores en negro, y si será de "dos o tres meses".

Según el ministro, tampoco se ha concretado si serán 6 meses -como aparece en el segundo borrador- o un año -como en la primera propuesta- el tiempo que se reconocerá a los trabajadores a los que se dé de alta en el proceso voluntario de regularización de cara a futuras prestaciones de desempleo o de pensiones.

En este punto, Valeriano Gómez ha indicado que el objetivo del Gobierno no es "mirar al pasado, sino al futuro", lo que significa que habrá más empleo irregular declarado, porque supondrá más ingresos para el Estado.

El ministro ha eludido concretar cuánto empleo sumergido aflorará con el plan, porque hablar del "trabajo negro, oculto, es difícil".

Lo que sí quiso dejar claro es que con el plan del Ejecutivo "ganan todos", porque cada que vez que las empresas y los trabajadores coticen por su nueva situación se estará generando protección social.

En el segundo borrador, el Gobierno prevé conceder un plazo de dos meses -hasta el 30 de junio- para que los empresarios puedan regular de forma voluntaria a sus plantillas en negro. Eso les evitará ser sancionados, pero no les impedirá tener que pagar las cotizaciones aplazadas, para lo que el Ejecutivo ha previsto una serie de facilidades.

Una vez agotado ese período, los patronos deberán hacer frente a sanciones más duras que las previstas en las normas actuales.

Los sindicatos avisan de las carencias

Por su parte, el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández-Toxo, ha advertido que el Ministerio de Trabajo debería atender las demandas de los sindicatos al plan contra el empleo irregular para que su aplicación no siginifique la creación de empleo precario y para que vaya acompañado de una "lucha decidida" contra el fraude fiscal.

A la espera de conocer el texto final el viernes, Toxo ha señalado que CC.OO. está en "desacuerdo" con la última redacción presentada del texto porque, aunque se trata de un "proyecto ambicioso", tiene "carencias importantes".

Entre ellas, Toxo ha destacado el "escaso" reconocimiento de derechos en materia de protección social que se hace a los trabajadores que se regularicen y la "orientación excesivamente peligrosa" a que el afloramiento se haga con "formas precarias de empleo", en referencia a que los empresarios puedan legalizar a sus empleados con contratos temporales de seis meses.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha coincidido con Toxo sobre los puntos del desacuerdo. Para Méndez, el texto tiene un "desequilibrio básico muy fuerte" al no reconocer los derechos de los trabajadores explotados.

Además, ha advertido que el plan tiene un "gran vacío" ya que no viene  acompañado de una iniciativa para acompañar el fraude fiscal.

Según el dirigente sindical, como el plan solo se les ha sometido a un "procedimiento de consultas" y no de negociación, los sindicatos no se sienten "vinculados" con su contenido.

Como conclusión, Méndez ha destacado que el plan puede estar "muy bien intencionado", pero ha mostrado sus dudas de que dé los resultados que desearían "todos" en materia de afloramiento de empleo irregular.

Se aprobará el resto de reformas prometidas a la UE

Además de este plan, el Consejo de Ministros también aprobará el resto de la agenda de  reformas que el Ejecutivo ha comprometido con la Unión Europea y que, en palabras del ministro de la Presidencia, José Ramón Jáuregui, deberán cumplirse  con carácter "inapelable, irremediable e inexorable", empezando por  la reducción del déficit público.

Jáuregui ha explicado que la primera de esas reformas es la  reducción del déficit público en el calendario comprometido con  Bruselas para pasar del 9,2% del PIB actual, al 6% al cierre de 2011, el 4,4% en 2012, y situarlo en un 3% en 2013.

El ministro ha remarcado que en este objetivo también deben  implicarse las comunidades autónomas, a las que ha  advertido de que el coste para ellas de incumplir esos objetivos sería "carísimo" al elevar los intereses que deberían pagar en sus emisiones de deuda, debido a las dudas que se generarían en los mercados.

Así, el Consejo de Ministros de este viernes aprobará, precisamente, la reforma de  la Ley de Estabilidad Presupuestaria para vincular la evolución del  gasto al PIB nominal en el medio plazo, algo que será de obligado cumplimiento para  la Administración General del Estado y los ayuntamientos, y que se  negociará con las comunidades autónomas.

Jáuregui ha destacado el carácter "horizontal" de las reformas, ya  que se extienden prácticamente a todos los ámbitos, incluyendo el  financiero, energético, industrial y turístico, así como a todos los  ámbitos sociales. "Este ajuste lo impregna todo", ha reiterado.