La dureza de la crisis y el desempleo, principales enemigos de Valcárcel en la Región de Murcia

• Desde 1995, Valcárcel preside la Comunidad, con un apoyo creciente
• Su adversaria venció en la primarias del PSOE en octubre de 2010
• Repite el candidato de IU, sin que hayan "equilibrado" la ley electoral
• Vea el perfil de los candidados con representación parlamentaria

Manifestación en Murcia en defensa del Trasvase Tajo-Segura, en 2009, en la que participaron todos los líderes políticos y sindicales de Andalucía, Valencia y Murcia.

El próximo 22 de mayo el gobierno autónomo y los 45 municipios de la Región de Murcia afrontan unas elecciones con el problema del desempleo como principal preocupación ciudadana.

Según la EPA del primer trimestre de 2011, hay 192.100 parados en la comunidad, lo que supone una tasa de desempleo del 26,16% (21,29% es la tasa media en España), solo por detrás de las comunidades autónomas de Canarias y Andalucía.

Según los datos de la última encuesta del CIS, el PP aumentaría la mayoría absoluta que mantiene en la Asamblea Regional, donde alcanzaría los 31 escaños, dos más que en la actualidad. Su crecimiento iría en perjuicio del PSOE, que perdería esos dos escaños y se quedaría en 13, mientras IU conservaría su único representante. 

Otro sondeo, en este caso de la empresa Sigma Dos para el diario El Mundo, apunta el mismo incremento para el PP, pero abre la posibilidad de que la coalición Izquierda Unida aumente su representación parlamentaria en un diputado más. 

En clave local, el Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública apunta también una nueva mayoría absoluta de los populares, con 33,7 puntos de ventaja sobre un PSOE que remonta ocho puntos su valoración, recogida el pasado otoño.

En los tres casos, el actual presidente, Ramón Luis Valcárcel, es el candidato mejor valorado, con una nota máxima de 5,94 puntos.

Murcia, el bastión de Valcárcel

Ramón Luis Valcácel lleva 16 años en el poder y en las últimas elecciones fue el candidato a una comunidad autónoma más votado en España,  con el 58,3% de los sufragios, lo que supuso a su partido obtener 29 de los 45 escaños de la Asamblea Regional.

Ahora se enfrenta a una candidatura socialista renovada tras las dimisión de su anterior candidato y secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura. Begoña García Retegui salió victoriosa del proceso de primarias, con más del 66% de los votos.

El que sí repite es el candidato de lzquierda Unida-Los Verdes Región de Murcia, José Antonio Pujante, que obtuvo un solo escaño en 2007. Llega a los comicios sin una muy demandada reforma electoral, que equilibre el valor de los votos para Izquierda Unida, en una comunidad dividida en cinco circunscripciones.

Por la imposibilidad reglamentaria de formar grupo parlamentario, quedo adscrito como único miembro del grupo Mixto, un grupo que ha ido creciendo al ritmo de imputaciones judiciales.

Investigaciones judiciales

Compañero de Pujante únicamente de escaño, Juan Morales, principal imputado del caso Totem, fue expulsado del PP y del grupo parlamentario a los ocho meses del inicio de la legislatura. Coincidió con su investigación judicial por uno de los casos de corrupción urbanística más sonoros de la Región en el Ayuntamiento de Totana.

El tercer miembro del grupo Mixto es Bartolomé Soler, imputado en el caso Limusa, cuyo juicio comenzará ocho días después del 22-M. Soler ha suspendido temporalmente su militancia en el PSOE y ha abandonado el grupo parlamentario a la espera de lo que se derive de su supuesta participación en el caso Limusa, en la que pudieron darse malversación de fondos públicos, entre otros delitos.

Los casos de estos diputados ejemplifican otro de los graves problemas de la región, que en el año 2008 tenía casi a la mitad de sus ayuntamientos investigados por alguna causa, casi siempre relacionada con el urbanismo.

El último en destaparse ha sido en la ciudad de de Murcia, gobernada por el PP, en el que fueron imputadas tres personas, una de ellas el concejal de Urbanismo, y se investigaron a siete.

Aunque el más destacado es el caso La Zerrichera, que apunta fundamentalmente a un exconsejero de Valcárcel, Francisco Marqués, imputado en 2009 por prevaricación y delito fiscal.

Desempleo, primer problema regional

Sin embargo, el número uno de los problemas sigue siendo el desempleo. El debate político ha estado marcado por la adjudicación de responsabilidades en la alta tasa de paro.

Desde los escaños socialistas, se ha acusado al gobierno de Válcarcel de no hacer nada para dejar de ser el "campeón del desempleo", al que imputan que la tasa de paro haya aumentado 20 puntos en esta legislatura.

El gobierno y los diputados populares se han defendido exigiendo a los socialistas que pidan cuentas al gobierno central, de quien depende, en su opinión, la escalada de paro en el región y en el resto del país, así como las competencias para combatirlo.

Los partidos de la oposición han críticado al Ejecutivo también por apoyarse en un modelo económico, que califican como insostenible, porque está basado, en su opinión, en la construcción masiva y descontrolada.

El segundo déficit más alto de España

Otra de las acusaciones del PSOE e IU en la Asamblea ha sido la de ser un gobierno que despilfarra en la creación de entes públicos, altos cargos, publicidad, e inversiones poco productivas, hasta poner en peligro la sostenibilidad de la administración regional.

El déficit de la Comunidad Autónoma se sitúa en el 4,95%, según el Ministerio de Economía, solo por debajo del de Castilla-La Mancha.Su situación financiera hizo que la agencia de calificación de riesgo Moody's bajase su nota a Aa3.

Del último Consejo de Política Fiscal y Financiera, han salido dos buenas noticias para la Región: ha sido una de las comunidades a las que se ha aprobado su plan de reequilibrio financiero y así podrá recurrir a endeudarse.

Las malas son tres: que el dinero que proviene del Fondo de Competitividad -211 millones de euros- se abonará sin adelantos en 2013, que para los tres próximos años el déficit no podrá superar el 1%, y que el endeudamiento de este año servirá para pagar facturas pero no para invertir.

El gobierno autónomo ha defendido en el Parlamento que sus presupuestos son austeros, que hace grandes esfuerzos para no afectar nunca al gasto social. Además apuntan que combaten la crisis en solitario porque el gobierno central castiga a la Región de Murcia.

Gobierno y Partido Popular reclaman al Estado una deuda de 1.700 millones de euros.

Recortes salariales

En los últimos tiempos el gobierno de Válcarcel ha tenido que afrontar las consecuencias de una de las medidas más impopulares de su legislatura.

La llamada Ley de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, también conocida como "tijeretazo" , con la que se pretende recortar 300 millones de euros, y que supone la rebaja de las retribuciones a los funcionarios regionales. Presentada por el grupo parlamentario popular con carácter de urgencia, la ley fue muy protestada en la calle por miles de personas, movilizadas por los sindicatos y los partidos de la oposición.

También ha trascendido la política regional, cuando el presidente de la comunidad, Ramón Luis Valcárcel, introdujo en el debate la posibilidad de que los ciudadanos contribuyeran a los gastos sanitarios y educativos. Fuentes de su gabinete especificaron que no refería al copago, sino a una fórmula por definir. Pero ha sido la mecha que ha hecho que los populares en Murcia y en otras regiones tengan que explicitar su rechazo al copago.

El agua, asunto de Estado

Aunque si el desempleo es el primer tema de preocupación, el sempiterno es el agua de los trasvases tanto del Tajo como del Ebro. A principios de 2010 se vivió uno de los momentos de máxima tensión cuando el Estatuto de Castilla-La Mancha llegó al Congreso, con un texto en que se ponía caducidad en 2015 para el trasvase Tajo-Segura y se garantizaba para uso local una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos, lo que equivalía a finiquitar el acueducto.

El Estatuto procedía de un gobierno socialista, presidido por José María Barreda, pero con un texto apoyado por el Partido Popular castellanomanchego, y en este caso, por la secretaria general nacional, María Dolores de Cospedal.

Las lealtades de unos y otros con sus partidos colisionaban con la que deben a sus conciudadanos. Cada uno a su manera, coincidieron en que la norma no podía salir adelante y así ocurrió antes de llegar al pleno del Congreso.

Convocados por el Sindicato Central de Regantes, todas las fuerzas políticas y sindicales de la Región y casi medio millón de personas salieron a las calles de Murcia para defender el trasvase, en 2009, y también en abril de 2010.

En esta comunidad, que destaca por su agricultura y su eficiencia hídrica, el agua es un asunto de Estado, que ningún partido podrá traicionar sin pagar las consecuencias.