Los funcionarios de Portugal abren el fuego contra el rescate con una huelga

El Gobierno socialista de Portugal y los sindicatos lusos difieren sobre el seguimiento de la huelga de funcionarios que tiene lugar este viernes en ese país, ya que el Ejecutivo asegura que -hasta mediodía- la ha secundado un 1,40% de los empleados públicos, mientras que los convocantes elevan esa cifra hasta el 60%.

Cerca de medio millón de trabajadores de la función pública nacional, regional y local están llamados este viernes a la huelga para protestar por el programa de rescate financiero al país, convocados por la Federación Nacional de los Sindicatos de la Función Pública (FNSFP).

Los portavoces de esta federación sindical -encuadrada en la comunista Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP)- han asegurado que el sector más afectado ha sido el de la sanidad -sobre todo, en los servicios de urgencias-, por delante de la educación.

Sin embargo, el Ministerio de Finanzas y Administración Pública ha señalado que solo 27 centros de trabajo de los 10.554 repartidos por el país han tenido que cerrarse debido al paro.

El 4 de marzo de 2010, cuando se celebró la última huelga de funcionarios, el seguimiento se situó en un 14,1%, según el Gobierno, una estimación muy alejada también del 80% estimado en aquella ocasión por los sindicatos.

Primera protesta social después de acordar el rescate

Esta es la primera huelga desde el final de las negociaciones para definir el rescate financiero a Portugal, cifrado en 78.000 millones de euros para los próximos tres años.

A falta de someterse a aprobación en el Consejo de Ministros de Finanzas de la UE del próximo día 16, la Unión Europea ha adelantado que aportará 52.000 millones de euros y el Fondo Monetario Internacional (FMI), 26.000 millones.

La FNSFP convocó la huelga de este viernes en protesta por la reducción de salarios, la congelación de las promociones profesionales y el aumento de la edad de jubilación que han afectado a los funcionarios en los últimos años.

El sindicato teme ahora que de las elecciones anticipadas del 5 de junio -convocadas tras la dimisión del Gobierno el pasado 23 de marzo- salga un Ejecutivo, sea socialista o conservador, que continúe con nuevas medidas de ajuste y agrave aún más la situación de los trabajadores.