La ley deja aún abierta la puerta a nuevas impugnaciones de Bildu, incluso en campaña

• PSOE y PP impulsaron la reforma de la ley para que pudiera ser así
• Hay plazo hasta el 12 de mayo para presentar nuevas pruebas
• Si fuera prohibida tras las elecciones, sus cargos tendrían que condenar a ETA
• De lo contrario, tendrían que dejar su escaños en los ayuntamientos

Varios miles de personas durante la manifestación contra el veto de Bildu celebrada en Bilbao

Bildu estará en las elecciones del 22 de mayo después de que el Tribunal Constitucional haya revocado, en una ajustada votación, el veto del Tribunal Supremo. La ley, sin embargo, deja abierta otras vías en caso de que aparecieran pruebas que demostraran en el futuro si de verdad es un proyecto de Batasuna, como defendía la Abogacía y la Fiscalía General del Estado.

La reforma de la Ley del Régimen Electoral General, aprobada el pasado mes de enero tras ser impulsada por PSOE y PP, permite presentar nuevas pruebas hasta el mismo 12 de mayo, en plena campaña electoral.

El Partido Popular ha pedido precisamente al Gobierno que no se olvide de estas vías y que sigua trabajando para recabar más pruebas que permitan prohibir a Bildu participar en las elecciones.

Según la ley, si durante la campaña se tiene conocimiento de "circunstancias" que impiden la presentación de una formación política, la Abogacía y la Fiscalía pueden interponer recurso hasta el cuadragésimo cuarto día posterior a la convocatoria de elecciones (que en este caso se cumple el próximo 12 de mayo) ante el Supremo, que tendrá tres días para resolver.

En caso de que su decisión fuera recurrida, el Tribunal Constitucional tendría hasta el último día de la campaña, el 20 de mayo, para resolver.

¿Y si hubiera nuevas pruebas tras el 22-M?

Una vez celebradas las elecciones, también hay plazo para solicitar la suspensión cautelar de la proclamación de los electos pertenecientes a candidaturas de partidos o coaliciones contra las que se vaya a promover un procedimiento de ilegalización.

Pero, ¿qué pasaría si la coalición electoral fuera prohibida después de que los elegidos tomaran posesión de sus cargos? ¿Qué pasaría con los concejales y diputados que hubiera obtenido? ¿Podrían seguir en sus cargos?

Hasta ahora la ley permitía a los representantes elegidos conservar su acta a pesar de que el partido por el que se presentaron hubiera sido ilegalizado. Así pasó con el Partido Comunista de las Tierras Vascas en la Cámara de Vitoria, donde permaneció hasta las elecciones vascas del año pasado. Y así pasa actualmente con ANV, cuyos miembros aún conservan su presencia en los ayuntamientos.

Si no condenan la violencia, tienen que dejar su escaño

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 26 de enero la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, promovida por el PSOE y el PP, para evitar precisamente estas situaciones. Si no condenan la violencia, serán apartados de sus cargos.

Si Bildu, la coalición integrada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba e independientes de la izquierda abertzale, fuera prohibida, sus concejales y diputados tendrían hasta 15 días para que, "de modo expreso e indubitado rechacen las causas que motivaron la ilegalización de la formación bajo cuya lista concurrieron a las elecciones".

De lo contrario, incurrirían en una incompatibilidad sobrevenida. Pero no bastará simplemente con que hagan una declaración y ya está. La ley prevé que si, a pesar de haber condenado la violencia de ETA de forma expresa, hubiera en el futuro alguna contradicción "a través de hechos, omisiones o manifestaciones" también perderá su acta.

Será la Abogacía del Estado y el Tribunal Supremo el que podrá interponer recurso ante la Sala 61 del Tribunal Supremo.

Según la encuesta del CIS, conocida horas antes de que arrancara la campaña, Bildu podría obtener dos escaños en el parlamento de Navarra y tres concejales en el Ayuntamiento de Vitoria.