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El Congreso aprueba de forma definitiva la nueva ley de ciencia

  • Se ha aprobado dos años después de hacerse público su primer borrador
  • Sustituye a la única ley vigente sobre la materia creada hace 25 años (1986)
  • Ha sido respaldado por todos los grupos excepto IU e ICV

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El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, con la oposición de IU e ICV, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que ahonda en la coordinación y en la internacionalización del sistema de ciencia, apuesta por una mayor implicación de lo privado y prevé la retención de talento.

Esta ley, que sustituye a la de 1986, se ha aprobado después de dos años desde que se hiciera público su primer borrador, al que se han ido incorporando modificaciones tanto de los agentes implicados en el sistema de ciencia como de todos los grupos parlamentarios.

La ley, que define el sistema español de ciencia, tecnología e innovación, como un "sistema de sistemas", en referencia al papel en la I+D+i de las comunidades autónomas, hace hincapié en la innovación y emplaza al Gobierno a crear dos estrategias: la de Ciencia y Tecnología, y la de Innovación (ambas ya están en marcha).

Investigar en España es pecado y se ha perdido una oportunidad para mejorar la carrera científica

Promueve la movilidad de los investigadores, propone tres modalidades de contrato ,ninguno indefinido, profundizar en la transferencia de conocimiento y la creación, en un año, de la Agencia Estatal de Investigación como segundo agente financiador, junto al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.

Los portavoces de los grupos han coincidido en destacar la importancia de la aprobación de esta ley y el consenso en torno a la misma, si bien han puntualizado que queda mucho trabajo por hacer.

Sin embargo, el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares ha subrayado que investigar en España es "pecado" y ha lamentado que se haya "perdido una oportunidad" para mejorar la carrera científica.

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha señalado que con esta norma el país aspira a ser, además de un país de ciencia, un país de innovación.

Investigadores: sí, pero no

Las asociaciones de científicos e investigadores españoles, entre las que despunta la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), son muy críticas con el proyecto, sobre todo con la financión.

Antes de que la nueva ley diera sus últimos pasos parlamentarios publicaron una carta abierta por una Investigación Digna -el nombre que lleva la plataforma- firmada por 2.650 investigadores.

Critican la ley porque "no logrará solventar uno de los problemas más acuciantes de la investigación en España: la ausencia de una carrera atractiva, creíble y asumible por la administración".

El problema es la ausencia de una carrera de investigación atractiva, creíble y asumible por la administración

Aunque la norma se actualice y tenga enfoques positivos, como la colaboración público privada para la I+D+I, la nueva ley -en opinión de los investigadores- no mejora las condiciones del sectores ni las suyas propias.

Los científicos también lamentan, como señala Joan Guinovart, presidente de la COSCE, la reducción de los presupuestos dedicados a la investigación científica.

Según esta asociación, que engloba a 30.000 cientificos y 70 sociedades, el presupuesto empleado en I+D+I ha caído un 18%, y ha provocado que "la ciencia española esté gravemente enferma y pueda morir de inanición".

¿Qué cambia con la nueva ley?

  • Sustituye al texto vigente sobre la materia creado en 1986.
  • Los investigadores predoctorales (becarios) tendrán contratos laborales; hasta la fecha no cotizaban, pero ahora lo harán desde el primer año.
  • Para los investigadores que estén en un Contrato de Acceso, si superan las correspondientes evaluaciones será considerado a la hora de opositar a una plaza de personal laboral fijo (quedan por definir los baremos).
  • Después de cinco años de investigación se convertirían en trabajadores indefinidos funcionarios, si pasan unas evaluciones -cuyos baremos no están definidos todavía- y si aprueban la oposición.
  • Habrá más colaboración público-privada en la I+D+I y los investigadores podrán pasar a trabajar de una empresa privada a una pública sin problema.
  • Se crea la nueva Agencia Estatal de Investigación que gestionará los fondos estatales destinados a la investigación.
  • Se crea la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, un organismo para diseñar una estrategia común y optimizar recursos.