El juez Ruz investiga a los Ruiz-Mateos por fraude y fija una fianza de 13 millones de euros

• Los 63 querellantes invirtieron 9,44 millones en pagarés de Nueva Rumasa
• La querella se ha admitido a trámite porque afecta a varias audiencias

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha admitido a trámite una querella contra José María Ruiz-Mateos, su mujer, María Teresa Rivero, y sus seis hijos varones y un sobrino presentada por 63 querellantes que, junto a dos denunciantes, invirtieron un total de 9,44 millones de euros en pagarés de Nueva Rumasa.

El magistrado ha adoptado esta decisión en un auto dictado después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara ayer la admisión a trámite de la querella en un escrito en el que señalaba que se han identificado a 1.017 inversores que suscribieron pagarés de distintas empresas de Nueva Rumasa por un importe de 90.496.357 euros, según los datos disponibles hasta diciembre de 2009.

Ruz, que se declara competente porque hay multiplicidad de perjudicados en más de una audiencia, fija una fianza por responsabilidad pecuniaria de 13 millones de euros para los responsables de Nueva Rumasa, que deberán abonarla una vez que el magistrado disponga de la información recabada de los distintos Registros Mercantiles.

La familia asegura que no han estafado

Tras conocerse la admisión a trámite de la querella, el consejero delegado de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos Rivero, ha señalado que en la familia "estamos tranquilos porque hemos obrado con absoluta buena fe", aunque ha admitido que "otra cuestión es que las cosas no hayan salido como planeamos", lo que a su juicio "no significa que hayamos intentado engañar o estafar como dice la querella".

“Siempre hemos informado a los inversores del destino de las inversiones“

En este sentido, ha afirmado que han "realizado una administración de las empresas absolutamente fidedigna, cierta y transparente; no tenemos ninguna preocupación por la querella, lo demostraremos y saldremos de esas acusaciones". Según ha explicado, "siempre hemos informado a los inversores del destino de las inversiones, y sabían del riesgo que existía como en cualquier empresa privada; otra cuestión es que después las cosas no hayan salido como esperábamos".

En relación a los querellantes, ha indicado que esos 63 inversores suponen por gasto (cerca de 10 millones de euros) un porcentaje que no llega al 4% de los 250 millones que los Ruiz-Mateos han asegurado haber captado. Aunque algunos bufetes que asesoran a inversores de pagarés han mostrado su interés por sumarse a esta querella, lo que elevaría el número, Ruiz-Mateos Rivero ha resaltado que "de momento no lo han hecho".