El CGPJ archiva la denuncia contra los magistrados que liberaron al etarra Troitiño

• El Consejo sostiene que no merece reproche disciplinario
• La denuncia la interpuso el sindicato Manos Limpias
• El etarra Antonio Troitiño se encuentra en paradero desconocido
• El CGPJ estudia la queja de un vocal contra Conde-Pumpido

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido archivar la denuncia que presentó a finales de abril el sindicato Manos Limpias contra los tres magistrados de la Audiencia Nacional que pusieron en libertad al etarra Antonio Troitiño, sobre quien pesa una orden de búsqueda y captura, al entender que se trata de una "cuestión jurisdiccional" que no merece ningún reproche disciplinario.

La Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces acordó a última hora del lunes no admitir a trámite esta denuncia al entender que se trató de una decisión adoptada por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el ejercicio de sus funciones, y de la que se puede discrepar o no, pero no está sujeta a sanción disciplinaria alguna, según han informado fuentes del CGPJ.

La denuncia de Manos Limpias fue dirigida el 25 de abril contra los magistrados Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Ángeles Barreiro, y en ella solicitaba la aplicación de medidas disciplinarias al considerar que habían incurrido en una falta muy grave de incumplimiento de sus deberes judiciales al dejar libre al etarra Antonio Troitiño.

En el escrito de la denuncia, al que ha tenido acceso Europa Press, el sindicato de funcionarios señalaba que los tres magistrados habrían incurrido con su actuación en una falta muy grave prevista ene l artículo 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por "ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales", aunque también consideraba evidente que se ha producido "negligencia e imprudencia grave" y "una vulneración del principio de seguridad jurídica".

Transgresión por los máximos garantes

Sobre este último aspecto, el escrito de Manos Limpias criticaba que el tribunal rectificara su decisión de excarcelar a Troitiño tan sólo seis días después de dejarle en libertad, lo que a su juicio produjo la certeza de que en un Estado de Derecho este principio básico "ha sido trasgredido presuntamente por aquéllos que deben ser los máximos garantes del ordenamiento jurídico".

El escrito también aludía al presidente de la Sala de lo Penal, el magistrado Javier Gómez Bermúdez, que según Manos Limpias tenía la obligación de haber establecido un criterio uniforme para computar la prisión preventiva antes de la excarcelación de Troitiño, "y no solucionar el problema una vez causados los hechos".

Se refiería el sindicato al hecho de que el Pleno para estudiar el recurso que presentó la Fiscalía contra la excarcelación se fijara en principio para el 25 de abril, si bien "dada la gravedad de los hechos" se decidió posteriormente que fuera la propia Sección Tercera la que resolviera la cuestión una semana antes, acordando revocar la libertad del terrorista.

"Debemos descartar que el estado de alarma social, la presión e indignación de las víctimas y la confrontación política hicieron al Tribunal dictar otra resolución totalmente distinta, pues hubieran cometido prevaricación, al doblegarse a tales presiones en donde se pondría además en entredicho la independencia judicial", añadía el escrito.

Rectificación seis días después

Si la providencia de excarcelación era legal, según señaló el propio presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, "¿Por qué seis días después se rectifica y revoca? La respuesta es obvia, porque no era legal", afirmaba el sindicato de funcionarios.

Finalmente, Manos Limpias arremetía en su escrito contra la asociación Jueces para la Democracia, que defendió mediante un comunicado que no había motivo para solicitar sanciones disciplinarias. "Nos parece una injerencia intolerable en las funciones y competencias del Consejo General del Poder Judicial", dijo el sindicato al respecto.

Aludió además a las declaraciones del que fuera ministro del Interior con el PP y actual vicepresidente del Grupo Popular Europeo Jaime Mayor Oreja en el sentido de que la fuga de Troitiño no es casual cuando hay negociaciones con ETA. "De ser cierta esta hipótesis, nos encontraríamos no ya ante una falta disciplinaria, sino ante un hecho presuntamente delictivo", concluyó.

El CGPJ estudiará una queja contra Conde-Pumpido

El CGPJ estudia este martes una queja presentada por el vocal José Manuel Gómez Benítez contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que la semana pasada acusó al órgano de gobierno de los jueces de querer convertirse en "legislador".

Así lo han confirmado a Efe fuentes del CGPJ, que han explicado que la Comisión Permanente estudiará la queja de Gómez Benítez a lo largo de la reunión que mantiene esta mañana.

La queja presentada por Gómez Benítez tiene relación con unas declaraciones que Conde-Pumpido pronunció la semana pasada criticando las reuniones que el CGPJ estaba manteniendo con los grupos parlamentarios para abordar las reformas procesales que se tramitan en el Congreso.

En el trasfondo del enfrentamiento entre la Fiscalía y el CGPJ están las enmiendas que, según el Ministerio Público, varios grupos parlamentarios están presentando a sugerencia de los jueces para reducir "a la mínima expresión" la posibilidad de presentar recursos contra las decisiones de los magistrados.

Con esas enmiendas, que entre otras normas afectarán a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), "se destruye la igualdad de armas en los procedimientos judiciales", han asegurado a Efe fuentes fiscales, que señalan que de estar ya en vigor las reformas propuestas hubiera sido imposible recurrir la excarcelación del etarra Antonio Troitiño.

Muchas de estas reformas son defendidas por el PP, que ha registrado un paquete de enmiendas a la Ley de Agilización Procesal que afectan a la LECrim con el objeto de acotar la presentación de recursos a las decisiones judiciales y limitar el papel de la Fiscalía.

Preguntada por esas críticas, la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, negó ayer que el CGPJ tenga la pretensión de convertirse en legislador y reiteró el compromiso del órgano de gobierno de los jueces con las medidas de agilización procesal, que en su opinión están dirigidas a reducir el índice de litigiosidad de los tribunales.