La Fiscalía pide entre 31 meses y 9 años de cárcel para los implicados en la Operación Karlos

• Para el inspector médico Francisco Casto pide nueve años de prisión
• El fiscal pide dos años y nueve meses para María José Campanario

El Ministerio Fiscal ha pedido penas de entre 31 meses y nueve años para los implicados en la Operación Karlos, una supuesta trama de estafa a la Seguridad Social para obtener dinero a cambio de pensiones fraudulentas de incapacidad laboral o invalidez que se juzga en la Audiencia Provincial de Cádiz.

El Fiscal ha solicitado para el inspector médico Francisco Casto Pérez un total de nueve años de prisión por los delitos de falsedad en documento oficial y cooperación necesaria para estafa.

Asimismo, para Carlos Carretero -que ha llegado un acuerdo con la Fiscalía- ha reclamado cuatro años de prisión por los delitos de estafa y cooperación necesaria para un delito de falsedad.

Carretero, exjefe de la policía municipal de Ubrique (Cádiz), según el Ministerio Fiscal, es el que ideó el plan para poner en marcha la trama junto a su amigo Casto Pérez.

Por otra parte, para la mujer del conocido torero Jesulín de Ubrique, María José Campanario, y la madre de esta última, Remedios Torres, pide dos años y nueve meses de prisión para cada una por estafa y cooperación necesaria para delitos de falsificación.

Igualmente, ha solicitado una condena de dos años de prisión para Elisa Calvente (novia de Carlos Carretero) y otros dos para José Luis López El Turronero. Ambos también habían llegado a un acuerdo previo con el Ministerio Fiscal.

Además, el fiscal ha retirado el delito de cohecho y el de usurpación de estado civil por la supuesta suplantación de la madre de Campanario en una prueba médica.

Los acusados insisten en la nulidad de las escuchas

Por su parte, la acusación de la Junta de Andalucía se ha adherido a las peticiones de la Fiscalía, mientras que la acusación de la Seguridad Social ha solicitado 12 años de prisión para el inspector médico Francisco Casto Pérez Lara, por los delitos de cohecho y falsedad en concurso con estafa y de tres años prisión para María José Campanario y su madre, Remedios Torres.

El letrado que ejerce la defensa de María José Campanario y de su madre ha elevado a finales las cuestiones previas realizadas, defendiendo así la nulidad del proceso por considerar contrarias al derecho fundamental las escuchas telefónicas y defendiendo la "inexistencia de delito".

Por su parte, Felipe Meléndez, el letrado de Francisco Casto ha mantenido el escrito provisional y la petición de nulidad por las escuchas. En este sentido, ha añadido que las cintas oídas durante el juicio "son copias y no originales", así como que no se conoce el paradero de las originales o quién las ha podido manipular. Con ello, el letrado ha tirado de jurisprudencia para defender que ese hecho "determina la nulidad de la prueba".

Además, ha sido muy crítico con la Fiscalía y los acusados que habían llegado a un acuerdo previo, presentando por esto una nueva cuestión de nulidad del proceso.

Meléndez ha señalado que se ha mediatizado a los acusados para llegar a un acuerdo y que se acusara a los que no lo habían hecho (como a su patrocinado) introduciendo por primera vez desde que comenzó la instrucción del caso el reconocimiento de hechos (como hizo Carlos Carretero, uno de los principales cabecillas de la trama). A juicio del letrado, este hecho afecta a las garantías del derecho penal.

Asimismo, alega indefensión, ya que los acusados que habían llegado a un acuerdo han admitido "sorpresivamente" hechos negados durante el procedimiento, con lo cual no da tiempo a la defensa a la búsqueda de pruebas al estar el juicio ya iniciado.

Además, ha añadido que tampoco se ha podido ejercer la defensa al negarse los que habían llegado a un acuerdo previo al juicio a contestar las preguntas realizadas por otras partes que no fueran la Fiscalía.

El juicio de la Operación Karlos continuará este miércoles con las conclusiones finales de las diferentes partes una vez que ya han leído en Sala sus peticiones finales de condena.

A raíz de unas escuchas de Halcón

La operación surge a raíz de unas escuchas telefónicas que se le estaban realizando a Carlos Carretero con motivo de una investigación por otra causa, la Operación Halcón.

Este hecho motivó que las defensas reclamaran la nulidad del proceso y, por tanto, el sobreseimiento de la causa, alegando el desconocimiento de la Fiscalía sobre las escuchas, lo que, a su juicio, crea un proceso de indefensión.

Por su parte, la Fiscalía defendió la investigación, llegándola a calificar de "impecable". Finalmente, tras las cuestiones previas, el juez, Manuel Grosso, dio por buenas las escuchas y la investigación.

La decisión del Tribunal de la Audiencia Provincial hizo que por el banquillo hayan pasado ya todos los acusados para prestar declaración, tanto los que han llegado a un principio de acuerdo con el Ministerio Fiscal (como es el caso de Carlos Carretero) como los que no (como María José Campanario, su madre, Remedios Torres, y el inspector médico, Francisco Casto).