Visto para sentencia el juicio por fraude a la Seguridad Social de la "Operación Karlos"

• Son 25 los acusados en este caso de estafa
• Según el fiscal Campanario pagó 18.000 euros por una pensión para su madre

El juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Cádiz por la 'Operación Karlos' ha quedado visto para sentencia después de que hayan tomado la palabra algunos de los acusados, entre ellos María José Campanario, quien se ha autoproclamado "inocente".

Campanario ha manifestado ante el tribunal que ella no entiende "de leyes ni de pactos", solo que es "inocente de los delitos que se me imputan", lo que, según ha recordado, "desde el principio" y asegura que va a "seguir manteniendo".

Por su parte, otro de los acusados y supuesto "cabecilla" del fraude, el exjefe de la Policía Local de Ubrique (Cádiz), Carlos Carretero, ha pedido "perdón" por el daño causado. Carretero está acusado de tramitar fraudulentamente pensiones de incapacidad permanente.

El juicio de la Operación Karlos comenzó el 11 de abril y surgió a raíz de unas escuchas telefónicas que se estaban realizando a Carlos Carretero.

Los acusados

Ahora el tribunal tendrá que decidir sobre las numerosas contradicciones entre las versiones que han ofrecido los acusados en un juico para el que se han acreditado 90 periodistas, y que ha estado marcado porque muchos de los 25 acusados, hasta 15, llegaron a un acuerdo con el fiscal para aceptar las acusaciones a cambio de una reducción en las peticiones de condena del ministerio público.

Tres de los acusados que no han llegado a este acuerdo porque han querido defender su inocencia son el inspector médico, Francisco Casto Pérez, que según las acusaciones fue quien utilizó su cargo para que los "clientes" de Carretero lograran las pensiones incluso con informes médicos falsos, María José Campanario y su madre, Remedios Torres.

Según un abogado de la acusación, Carretero sí aceptó este acuerdo con el fiscal quien redujo de diez a cuatro años de prisión su petición de condena. El abogado también asegura que el supuesto "cabecilla" de la trama ha ganado 200.000 euros participando en programas de televisión .

En 2006, la Guardia civl desarticuló una organización que vendía informes médicos falsos a beneficiarios que obtenían pensiones de invalez ilegales tras el pago de hasta 24.000 euros.