La Fiscalía investiga 849 casos de niños robados

• Conde-Pumpido reconoce la existencia de "tramas" en "lugares concretos"
• En 162 casos se han observado indicios delictivos y ya están en los juzgados
• La junta de fiscales ha acordado unificar criterios de actuación

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha afirmado que en la actualidad se están investigando en España un  total de 849 casos de 'niños robados' y ha reconocido la existencia  de "tramas" en "algunos lugares concretos" que "no se pueden atribuir  a una única organización".

Conde-Pumpido se ha pronunciado en estos términos en declaraciones  a los medios de comunicación tras presidir en Valencia la Junta de  Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, al ser preguntado  por las novedades sobre este asunto.

De los 849 casos investigados, 162 han sido ya judicializados al  estimar que existen indicios delictivos; mientras que otros 38 se han  archivado.

Al ser preguntado por si en la autonomía valenciana se han  realizado exhumaciones, el fiscal general del Estado ha señalado que  este asunto es competencia del juez y que, por el momento, en la  Comunidad Valenciana no se han practicado. Sin embargo, sí se han  hecho, por ejemplo, en La Línea de la Concepción (Cádiz).

Conde-Pumpido ha señalado que se ha acordado que la investigación  sobre este asunto se lleve a cabo en todas las fiscalías provinciales  calificando los hechos como un delito de detención ilegal, agravado  por el carácter de sustracción de menores.

Atención personalizada y pruebas de ADN

Asimismo, se difundirán dos protocolos aprobados por el Ministerio  de Justicia. Uno de ellos para la atención de las víctimas de estos  hechos; y otro para la práctica de pruebas de AND a instancias del  ministerio público.

En este punto, al ser preguntado por si estos protocolos serán  extensibles a las autonomías con competencias en Justicia, como es el  caso de la Comunidad Valenciana, ha indicado que estos protocolos  afectan, en principio, al territorio de competencia del Ministerio de  Justicia, porque se extiende al Instituto Nacional de Toxicología y a  las actuaciones de los gabinetes de asistencia a las víctimas.

La idea, según ha comentado, es transferir a las comunidades estos  mismos criterios para conseguir que se aprueben protocolos similares  a los que ya se han realizado. En cualquier caso, el ministerio  fiscal, como es un organismo de carácter nacional, tiene competencia  suficiente para ordenar los análisis de ADN que considere necesarios  tanto al Instituto de Toxicología como a los servicios  correspondientes en las autonomías, porque "la autoridad del fiscal  abarca a todo el Estado", ha puntualizado.

Conde-Pumpido ha señalado que el caso de los 'niños robados'  afecta a un "gran número" de ciudadanos españoles, por lo que la  Fiscalía "debe actuar con toda la intensidad posible y con las  dificultades de la antigüedad de los hechos", algo que "se está  tratando de subsanar", ha dicho.

"Apreciamos que hay una gran diferencia entre unos  casos y otros, y abarca a un espacio de tiempo muy prolongado, puesto  que hay asuntos que llegan a una época reciente, incluso ya en la  democracia", ha añadido el fiscal general. Además, ha comentado que existen "tramas" en "algunos  lugares concretos" porque "se van identificando a personas  responsables, pero Fiscalía considera que no se puede atribuir a una única organización el conjunto de los hechos", ha apostillado.