Japón castiga con hasta tres años de cárcel a los creadores de virus informáticos

• La nueva ley criminaliza la creación y distribución de virus
• Polémica porque además permite copiar información de servidores

El Parlamento japonés ha aprobado este viernes una ley que criminaliza la creación y distribución de virus informáticos,  pese a voces críticas que sostienen que podría infringir el derecho constitucional que garantiza la privacidad en las comunicaciones.

La nueva ley castiga la creación o distribución de un virus sin causa razonable con hasta tres años de prisión o multas de 500.000 yenes (cerca de 4.380 euros).

Además, la obtención o el almacenamiento del virus será penalizado con hasta dos años de prisión o multas de 300.000 yenes (unos 2.630 euros), informó la agencia local Kyodo.

La ley permite copiar información de servidores conectados a los requisados

Uno de los aspectos polémicos de la norma es que ésta permite copiar o incautarse de información de servidores de internet que estén conectados a ordenadores que hayan sido requisados en el curso de una investigación.

También permite a las autoridades solicitar a los proveedores de servicios de internet que conserven datos de comunicaciones, tales como nombres de remitentes y destinatarios de correos electrónicos, por un plazo de hasta 60 días.

Las autoridades niponas han tenido problemas para investigar ataques cibernéticos contra oficinas gubernamentales, corporaciones o individuos ante la ausencia de una ley nacional específicamente trazada para castigar la creación de virus y otros actos que dañen redes informáticas.

Con la aprobación de la ley, el Gobierno nipón tiene la intención de suscribir definitivamente el Convenio sobre Ciberdelincuencia que, pese a ser aprobado por el Parlamento en 2004, no fue oficialmente ratificado ante la ausencia de normas de ámbito doméstico en este terreno.

El Convenio sobre Ciberdelincuencia, firmado desde 2004 por 31 países, exige a las partes criminalizar el acceso no autorizado a sistemas informáticos, el almacenamiento de pornografía infantil o la vulneración de derechos de autor.