La juez de los ERE pide a la Junta que investigue las funciones de un diputado socialista

• Un testigo dice que Díaz Alcaraz intervino en un ERE fraudulento
• La juez rechaza la expulsión de la Junta como acusación particular
• El auto señala que esto "no perjudicará lo que resulte de la investigación"

La jueza de los ERE pide a la Junta más información sobre las funciones de Ramón Díaz Alcaraz, exdirector general de Empleo y ahora diputado socialista de Andalucía. En concreto, pide a la Consejería de Empleo que informe sobre la "completa filiación, funciones e intervenciones" realizadas en el ERE de la empresa Saldauto, tal como había pedido la Fiscalía Anticorrupción.

Un testigo ha declarado a la Policía que Díaz Alcaraz "pidió personalmente" la inclusión de dos de los tres "intrusos" que se acogieron al ERE aunque nunca trabajaron allí.

Por otra parte, la juez anuncia que investigará los sueldos de Evaristo Babé Romero, presidente del Consejo Regulador del Brandy de Jerez.

Las pruebas constatan que figura como beneficiario en dos pólizas, por las que cobra una prestación de unos 2.000 euros mensuales. No obstante, su informe de vida laboral lo tiene dado de alta en la Seguridad Social como trabajador del Consejo Regulador del Brandy de Jerez.

La investigación se realizará en torno a su "relación personal" con Antonio Fernández, exconsejero de Empleo ya imputado en el caso. Babé fue nombrado el 20 de octubre de 2010 presidente del Consejo Regulador de Brandy de Jerez. Ese mismo día Antonio Fernández era nombrado presidente del Consejo Regulador de las denominaciones Jerez, Manzanilla de Sanlúcar y Vinagre de Jerez.

Se rechaza la expulsión de la junta como acusación

La juez, que investiga los 72 "intrusos" aparecidos en los ERE financiados por la Junta y las 111 irregularidades en otros expedientes, rechaza la petición del sindicato Manos Limpias de que la Junta sea "expulsada" del procedimiento como acusación particular.

El auto señala que la Administración "está legitimada para personarse como perjudicada en las presentes actuaciones, sin perjuicio de lo que resulte de la investigación y la posible responsabilidad patrimonial en la que pudiera incurrir la Junta como empleadora de las personas que ostentaban cargos".

La juez pide nuevas investigaciones

La juez pide además nuevas investigaciones sobre las prejubilaciones de Dhul y que se averigüe por qué dos perceptores de la bodega González Byass tienen reconocida una Incapacidad Laboral Permanente y a la vez disfrutan de una percepción de 2.000 y 2.500 euros mensuales.

Además, pide que la Junta aclare por qué en la dirección general de Empleo constan documentos relativos a subvenciones de otra dirección general, en concreto la de Economía Social, así como de la agencia IDEA.

Por otra parte, pide a la Policía Judicial que, a la vista de la documentación recibida, investigue qué personas intervinieron y que funciones desempeñaron en la negociación del convenio colectivo del sector de la limpieza pública de Granada.