Un tribunal chileno paraliza un megaproyecto eléctrico en la Patagonia

• Hidroaysén cuesta 3.200 millones de dólares
• Miles de personas se han manifestado en contra del proyecto

Manifestantes frente al palacio La Moneda durante una protesta hace unos días contra la aprobación de Hidroaysén, en Santiago (Chile).

La Corte de Apelaciones de la ciudad de Puerto Montt, en el sur de Chile, ha aceptado este lunes tramitar tres recursos contra Hidroaysén -un proyecto hidroeléctrico que implica la construcción de cinco presas en la Patagonia-, y ha paralizado de forma temporal las obras, según informan fuentes judiciales.

El tribunal acogió una petición de los demandantes que supone la paralización de las obras del proyecto hasta que sea fallado el fondo de los recursos.

Los demandantes, entre los que figuran dos senadores, dos diputados y varias organizaciones de Medio Ambiente y sociales, sostienen que el proyecto viola el derecho a vivir en un ambiente limpio.

Cinco presas para generar 2.700 megavatios de energía

Hidroaysén supone una inversión de 3.200 millones de dólares y la inundación de unas 5.000 hectáreas para la construcción de cinco presas para generar 2.750 megavatios de energía eléctrica.

El proyecto, rechazado por organizaciones ecologistas y parte de la comunidad de la región de Aysén, fue aprobado el pasado 13 de mayo por la Comisión de Evaluación Ambiental de esa región de Chile, situada a 1.600 kilómetros al sur de Santiago.

Decenas de miles de manifestantes

Desde entonces, en Santiago y otras ciudades de Chile se han sucedido las manifestaciones contra el proyecto que han congregado a decenas de miles de personas, mientras el consorcio empresarial ha desplegado una campaña publicitaria para defenderlo.

La Corte de Puerto Montt, que corresponde a la región de Los Lagos, al norte de Aysén, asumió la competencia de los recursos contra Hidroaysén después de que la Corte de Apelaciones de Coyhaique, la capital de la región involucrada, se inhabilitó para tramitarlos.

Como primera medida, el tribunal portomontino pidió a Pilar Cuevas, presidenta de la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén, que en un plazo de cinco días informara sobre las denuncias de que la aprobación del proyecto fue "arbitraria".